El acuerdo además estableció que la firma Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A., que explota actualmente el ingenio, pague en representación de las dos personas condenadas una suma de 75 millones de pesos en concepto de reparación por el daño ocasionado.
La fiscalía general, representada por el fiscal general Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Wisemberg, llevó el acuerdo a la audiencia realizada el 19 de agosto pasado ante el juez Enrique Lilljedahl, quien integró el tribunal de forma unipersonal y finalmente dio a conocer anteayer la homologación.
Según informó la fiscalía, las labores periciales llevadas adelante durante la etapa de instrucción permitieron acreditar la presencia de químicos en los cursos de agua aledaños al ingenio en valores superiores a lo permitido por la reglamentación vigente a la fecha de los hechos.
Una activista ambiental de la provincia de Santiago del Estero, que había impulsado uno de los procesos en los que se llegó al acuerdo, representada por el abogado Daniel Mendivil, manifestó su total conformidad con la solución arribada en el juicio abreviado, luego de que la fiscalía le solicitara su opinión en virtud de la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
