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El Gobierno desreguló el transporte de media y larga distancia: cuáles son los cambios

El Gobierno quitó algunas exigencias sobre el sistema de transporte de media y larga distancia.

Este dejará de ser un servicio público y traerá cambios para las empresas que operan en el sector. Las modificaciones impactarán en la determinación de rutas, recorridos y precios de los distintos servicios. También se liberará el ingreso de nuevas compañías que operen combis se les habilitará el ingreso a aeropuertos para levantar pasajeros. La medida del gobierno fue cuestionada por las diferentes cámaras empresarias involucradas. Las mismas solicitan que la apertura sea gradual para que no haya una saturación del mercado.

La medida fue comunicada el día de ayer por la Secretaría de Transporte. No obstante, se trata de una iniciativa surgida desde el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. La nueva normativa sería publicada hoy en el Boletín Oficial. Fuentes del sector señalaron que las medidas “no forman parte de ningún pedido” sectorial. Si embargo, sostienen que hubo diálogo durante los últimos meses entre las cámaras y las autoridades nacionales.

“La idea es que cualquier empresa que quiera hacer una ruta, se anota en un registro si tiene registro para conducir y transporte adecuado”, resumieron desde el Gobierno en referencia al artículo que establece que este tipo de transporte dejará de ser un servicio público. El equipo económico entiende que esta medida traerá en una mayor oferta y competencia de precios. Otro punto importante, es la habilitación para que todas las empresas puedan ingresas y operar en puertos y a aeropuertos para recoger pasajeros directamente. También se eliminarán las políticas de bandas tarifarias con precios máximos y mínimos.

La advertencia de AAETA

Con las nueva reglamentación también se permitirá dar servicio de media y larga distancia a través de combis que cumplan con los estándares. En este sentido, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (Aaeta) argumentó que “la normativa busca aumentar la flexibilidad en el acceso al mercado para los operadores y en la capacidad de ajustar la oferta de servicios”. A pesar de eso, los empresarios consideran que la apertura debe ser gradual «para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales”.

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