El Gobierno nacional y gobernadores peronistas decidieron no acatar fallo de la Corte por la coparticipación

El presidente Alberto Fernández mantuvo en Casa Rosada un cónclave con 14 gobernadores peronistas, de los cuales diez estuvieron de manera presencial y cuatro conectados a través de videoconferencia.

El encuentro fue convocado por el jefe de Estado para discutir y acordar una postura conjunta con respecto al fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia con respecto al porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2020, cuando un levantamiento de la policía bonaerense llevó al titular del Poder Ejecutivo a convocar a intendentes -oficialistas y opositores- para atender la emergencia, que sorprendió a los ediles con un giro inesperado que se direccionó hacia la decisión de quitar un 1,4 de fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La definición a la que se llegó en la reunión fue la de no acatar el fallo del máximo tribunal de la Argentina. La decisión política se definió en conjunto porque ni Presidente ni los mandatarios provinciales entregarán partida alguna que signifique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires, y perjudicar al oficialismo en sus decisiones administrativas, en lo que será un año atravesado por las elecciones nacionales.

Fernández no tomará deuda ni emitirá más pesos porque eso generaría un incumplimiento en el acuerdo que el Gobierno selló con el Fondo Monetario Internacional. Y no reasignará partidas porque el Presupuesto 2023 ya fue armado y aprobado en el Congreso de la Nación Argentina.

En el palacio gubernamental advierten que si la CABA quiere que el dinero salga del Presupuesto, entonces se debería realizar y aprobar una reforma del proyecto. En caso contrario, la discusión seguirá empantanada. La discusión política rompió la relación entre los mandatarios provinciales y el intendente Larreta, llevando al extremo la tensión y el vínculo entre la administración central y la de la Capital Federal.

”En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, indicaron los gobernadores en un comunicado publicado sobre el final de la jornada.

En ese contexto, advirtieron que es “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.

Los jefes distritales manifestaron que: “En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”. Apuntando sus cañones contra Larreta.

Además comunicaron que “el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”.

Antes de que se conociera el texto, la postura de los caciques provinciales había sido expresada a través de sus redes sociales. Tal el caso del mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien apuntó que ”luego de reunirnos con el Presidente de Nación, las y los Gobernadores coincidimos en que el fallo de la Corte Suprema tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”, subrayó el patagónico.

En ese sentido, refrendó que esa “determinación del máximo órgano judicial es un golpe al federalismo para beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, en especial a su Jefe de Gobierno, en desmedro de todas las provincias argentinas”.

Lo que se definió fue en el mismo sentido que ayer fijó el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien como representantes del ala kirchnerista del Frente de Todos, le pidió al Presidente desconocer el fallo. El Gobernador aseguró que “no es cierto que no se perjudique a las provincias argentinas o que ocasione daño al federalismo por una sencilla razón: son menos recursos para obras o políticas redistributivas”.

Durante la entrevista de este penúltimo día de la semana, hubo duras críticas de los gobernadores a la Corte Suprema, a la que acusan de haber escrito un fallo político que perjudica a todas las provincias y que beneficia solamente a la CABA. De esa manera, Fernández accedió al reclamo de los mandatarios y reforzó sus cuestionamientos al máximo tribunal.

Los mandatario provinciales que estuvieron de forma presencial fueron: Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). A través de videoconferencia se conectaron: Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Lo que hizo la Corte este miércoles mediante una medida cautelar, fue resolver que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada en el momento en el que Kicillof enfrentaba ese peligroso conflicto salarial con la Policía Bonaerense, por eso, a las pocas horas, Horacio R. Larreta, se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto presidencial.

El conflicto dejó de ser entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la CABA. Los gobernadores entendieron que la administración porteña se estaba quedando con un porcentaje de coparticipación que no debía. Un dinero que había sido otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri, que volvía más rica de lo que ya es, a la Ciudad «opulenta», como la define el kirchnerismo. Algo que les impedía a ellos a sumar ingresos por coparticipación. Por todo esto también se consensuó recusar a los integrantes del supremo tribunal.

Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino para 105.5