Los “ñoquis” de Chocolate están en la Legislatura bonaerense hace años: son de Massa, el PJ y Juntos por el Cambio

Son 48 personas que aparecen como titulares de las tarjetas de débito que Rigau tenía guardadas en una bolsa cuando fue detenido el 9 de septiembre, por sus sospechosos y reiterados movimientos en un cajero electrónico del centro de La Plata.

De acuerdo a los legajos de ese casi medio centenar de empleados, algunos de ellos tenían más de 20 años de experiencia en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Incluso llegaron a ocupar, a lo largo de su trayectoria, funciones relacionadas con la Presidencia o la Vicepresidencia de la Cámara.

Según los documentos a los que accedió Telenoche, los contratados aparecen en la nómina como pertenecientes a una repartición identificada como «Bloque Político».

Cecilia Nora Raimondo y Daniel Alfredo Madero ingresaron en septiembre de 2004. La primera, dentro del Partido Unidad Federalista. El otro, dentro del Frente para la Victoria, aunque en 2017 pasó a Cambiemos.

Otro legajo que se difundió por estas horas muestra el derrotero de Juan Martín Méndez: entró en 2016 (según los papeles oficiales) por el Frente Renovador y en 2017 se cruzó a Cambiemos.

Al momento de su detención, «Chocolate» Rigau portaba una bolsa de residuos en la que encontraron casi 1,2 millones de pesos. Además, en otras bolsas más pequeñas guardaba las 48 tarjetas de débito.

Quedó detenido, pero un fallo escandaloso lo puso en libertad apenas 12 días más tarde. Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, de la Cámara Penal de Apelaciones platense, consideraron que la Policía no tenía orden de “requisa” para intervenir, por lo que anuló el procedimiento y el puntero fue puesto en libertad.

Rigau tiene un largo recorrido como puntero y referente local del Partido Justicialista. Calculan que, por mes, sacaba 28 millones de pesos. Se estima que cada el salario de cada empleado tenía un piso de 500 mil pesos.

Las imágenes del puntero peronista que desataron el escándalo de la tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense fueron publicadas por Telenoche.

Con la tarea de la fiscal Betina Lacki, se abrió una causa por «estafa» en el juzgado de Garantías de Federico Atencio. Sin embargo, la decisión de Benavides y Villordo frenó el expediente. Además, ninguno de los 48 empleados había iniciado un reclamo contra Rigau.

Para reactivar la causa, la ONG Poder Ciudadano pidió ante el juez Atencio ser querellante. Se basan en «la facultad de las víctimas colectivas o difusas a constituirse como partes en los procesos penales».

Ante el peligro de que Chocolate abandone el país, trascendió que la Fiscalía General, a cargo de Héctor Vogliolo, avanzaría con una apelación en Casación. Esperan que el expediente vuelva casi automáticamente a su juez original, dada la debilidad de los argumentos y la aparente existencia de flagrancia.

Además de un eventual cambio de carátula, la reactivación de la causa permitiría ampliar las indagatorias a Claudio y Facundo Albini (referentes políticos de «Chocolate») y a las máximas autoridades de la Legislatura bonaerense: Carlos «Cuto» Moreno y Federico Otermín (del kirchnerismo); Adrián Urrelli (del PRO); y Miguel De Lisi (del PJ).

Por ahora, los principales espacios políticos mantienen silencio sobre el escándalo.

Sólo el diputado nacional Ricardo López Murphy, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y la candidata a senadora nacional por el PRO, María Eugenia Talerico elevaron un escrito a la Procuración General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo hicieron para investigar la actuación de los magistrados que anularon el procedimiento policial.

Este jueves el Senado bonaerense tuvo su segunda sesión ordinaria de 2023. No hubo una sola mención al escándalo que impacta sobre la Cámara de Diputados provincial. /Clarín