Para el Gobierno nacional el fallo de la Corte va en contra de la política sanitaria y el Derecho a la Vida

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diera lugar a la demanda que presentó el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconociendo que en el caso del Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández para imponer restricciones por la pandemia, se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno nacional salió a responder en tándem.

Primero lo hizo por sus redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo en tres tuits «en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias». «Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño».

Al poco tiempo, aprovechando un acto en la localidad de Ezeiza, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, donde anunciaba la entrega de netbooks a estudiantes secundarios, el propio jefe de Estado fue por el mismo camino de la mujer que lo promovió como candidato a la presidencia y expresó «yo que soy un hombre que ama el Estado de Derecho, y lo reivindica, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias».

El único sector del Frente de Todos que mantuvo silencio de radio, fue el Frente Renovador y en particular su líder, Sergio Tomás Massa, titular de la Cámara de Diputados. Lo único que había manifestado hace unas semanas consultado por periodistas acreditados en Casa Rosada fue que cuando un tema se judicializa es porque falla la política.

En horas de la tarde y por primera vez, el Secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, a la sazón una suerte de vocero presidencial, emitió su primer comunicado, donde después de hacer una apología de las medidas que viene tomando su jefe directo, va a la cuestión de fondo en dos puntos, y donde queda reflejada la estrategia del oficialismo. En el primero de ellos se señala que «que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día de hoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios».

En el segundo Biondi señala que «actualmente, se encuentra vigente el DNU 287/2021 que ha adoptado parámetros epidemiológicos y sanitarios específicos y ha calificado los distintos partidos, departamentos y aglomerados urbanos en Alto, Mediano o Bajo riesgo epidemiológico y sanitario, o en Alerta Epidemiológica y Sanitaria. En esta última clasificación se incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos de la provincia de Buenos Aires que conforman el aglomerado del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)», y agrega, «que dicho DNU explica con claridad los motivos por los cuales se adoptan las medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente. Se trata de una norma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

Pocas horas más tarde, altas fuente de Balcarce 50 indicaron que el fallo del máximo tribunal argentino no aporta nada y que es estéril porque habla de un DNU que ya no está vigente, este nuevo incorpora el análisis científico, explica y justifica las medidas tomadas. Además se recalcó que no habrá respuesta judicial en ninguna instancia superior, por ejemplo tribunales internacionales, sólo una respuesta comunicacional y no institucional, pese a que destacaron las mismas fuentes, que el fallo de la Corte va contra la política sanitaria y el Derecho a la Vida. Agregaron que «debe haber un acto de concurrencia y la ciudad va incumplir el mismo fallo que firmó». Otra cosa que se aclaró sobre la decisión del Supremo Tribunal es que «la autonomía no significa independencia».

«Hay un claro conflicto de poderes. El gobierno, que fue votado por la ciudadanía, no puede llevar adelante su programa electoral. No lo dejan cumplir con la plataforma electoral con amparos y diversas medidas judiciales que generan una clara obstrucción», aseveraron las voces oficiales.

Por lo pronto, para el Poder Ejecutivo, la Capital Federal, al mantener las clases presenciales, estará en falta y sin acatar lo que estipula el último decreto presidencial, que no por el que dictaminó sentencia la CSJN.

En Casa de Gobierno, a su vez afirmaron, que es importante contener la pandemia desde el AMBA, e informaron que los altos funcionarios están trabajando en un proyecto con características técnicas, que tenga consenso político. El proyecto de ley, aseguraron, va a mantener parámetros objetivos y se está analizando con la oposición, a la que «volvemos a convocar al diálogo político», apuntaron.

Sobre los dichos del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que pidió asistencia, un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como ya se dio en tres oportunidades, para los sectores más postergados y que sufren más que cualquier otro la debacle económica en pandemia, se explicó en la sede gubernamental, que por ahora están funcionando bien los REPRO, que van a otorgar ayuda a unas 22 mil empresas para pagar salarios. Se trata de una asistencia de unos 18.000 pesos para algunos sectores que están en situación crítica, como la Gastronomía, Cultura y pequeñas y medianas empresas de diversos rubros».

Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y en el Parlamento nacional argentino para FM Concierto 105.5