Una abogada del Partido Obrero aparece vinculada a una imprenta que habría simulado gastos y está en la mira de la Justicia

La investigación por el manejo de los planes sociales que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita se topó con un dato inesperado. Los investigadores descubrieron al menos dos empresas que se habrían dedicado a aportar facturas truchas a la estructura del Partido Obrero para justificar gastos millonarios. Una de esas firmas es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”. Llamativamente, según bases comerciales consultadas por Infobae, tiene apenas dos empleadas registradas. Una de ellas es Claudia Ferrero, abogada de los imputados de esa misma causa.

La imprenta apuntada funcionaría en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro, donde hay un modesto PH. Esa misma dirección aparece entre los domicilios informados a la AFIP por la abogada Ferrero, que no respondió las reiteradas consultas de este medio.

Casanello mencionó ayer a la imprenta al momento de citar a indagatoria a 23 personas. En la resolución, el juez habló de “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Uno de los convocados es Adrián Albornorz, supuesto dueño de esa firma. Debería presentarse el 25 de junio, el mismo día que fue citado Eduardo Belliboni y María Isolda Dotti, alias Tango, la joven que tenía más de 54 mil dólares debajo de su cama. Albornoz no había sido mencionado hasta ahora en el expediente.

Se trata de la causa que comenzó en diciembre, con una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de 924 denuncias recibidas en la línea 134. De ese total, solo se tomaron en cuenta 45 que habrían ocurrido en la Capital Federal. El expediente avanzó en silencio, con escuchas telefónicas y otras pruebas, y recién se conoció hace dos semanas, cuando el juez Casanello ordenó múltiples allanamientos contra dirigentes piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales.

Los abogados que representan al Partido Obrero y a las demás organizaciones involucradas en las supuestas amenazas y extorsiones pidieron anular esos procedimientos. Sobre los dólares secuestrados a Dotti, fuentes de la defensa dijeron a este medio que “en el acta de secuestro está la partida de la sucesión y la escritura de la venta de los inmuebles”. Y agregaron: “Ella es heredera junto a sus hermanos de unas propiedades. Cuando se vendieron las propiedades, se hizo la división del dinero”.

La causa estuvo varios días bajo secreto de sumario. Durante esos días se hicieron más allanamiento y surgieron nuevas pruebas. “La imprenta facturaba para el PO y El Resplandor (una cooperativa) para justificar gastos ante las autoridades por los convenios firmados y la asistencia recibida”, explicó un investigador a este medio. Y agregó: “Tenemos muchas facturas, montos por encima de 1 millón cada una”.

La otra firma mencionada es Coxtex SA, creada en 2020 y supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. “Está en la base de datos de la AFIP como una empresa usada para proveer facturas apócrifas”, detalló una fuente de Tribunales.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó Casanello al firmar las indagatorias.

Ese expediente no es el único que tramita en Comodoro Py por el manejo de los planes. El juez Ariel Lijo, el candidato para la Corte Suprema, tiene otra mega causa con más de 1000 llamados al 134.

Incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones. Pese a que la causa recién comienza, el juez Lijo ya ordenó informes de cuentas y varias declaraciones testimoniales.