Denuncian la muerte de un preso tras pasar varios días grave en el calabozo de una comisaría

Se trata de Abel Fernando Delgado, quien había vuelto a esa condición en julio, pocos meses después de haber recuperado la libertad purgando una condena de tres años como autor de la agresión que sufrió la peluquera Jorgelina Zalazar en 2020.

Denunciado por su pareja por violencia de género, el ex estudiante del profesorado de Educación Física fue derivado a la comisaría ubicada en la esquina sudeste del parque 9 de Julio.

“Necesitamos que vengan los de Derechos Humanos para que vean como está este interno”. Se escucha en el video filmado por los detenidos para exponer el pésimo estado de salud de su compañero de encierro, pero nunca los oyeron.

Cuando la situación ya era extrema, fue llevado de urgencia al Hospicio del Carmen el jueves 19 y más tarde, derivado al Hospital Avellaneda donde dejó de existir pocas horas después.

“Era un final cantado. Ni los animales viven en las condiciones de estos chicos”, lamentó Juana Ledesma, compañera de uno de los reos recluidos en el arresto de la Seccional 11.

“A este video lo hacemos para Derechos Humanos de la provincia, desde la comisaría 11, que está en la esquina del Tiro Federal. Mire cómo está este interno. Mire de mal”, describe el autor de la filmación, que luego agrega que “necesitamos derechos humanos para que vengan a ver cómo estamos viviendo: con la contaminación, la orina, mire toda la mugre que hay”.

Mientras gira el teléfono para mostrar detalles del lugar y exponer las condiciones de detención, sigue diciendo que “somos presos que estamos pagando nuestros errores, pero no tenemos baños, la policía hace oídos sordos y esta persona se está muriendo acá adentro y no lo vienen a ver. Solicitamos derechos humanos urgentemente (sic)”.

Delgado, quien estaba diagnosticado como portador de HIV, aparece debilitado, tanto que sólo alcanza a hacer ademanes como pidiendo que no se lo muestre.

La causa que lo devolvió a prisión, presentada por la auxiliar Jessica Corti, bajo órdenes del fiscal Augusto Zapata, derivó en el dictado de la prisión preventiva por 15 días, decidido por el juez Bernardo L’Erario Babot.

El 19 de agosto, la funcionaria judicial pidió la prórroga por 20 días, oportunidad en la que Delgado dijo que estaba injustamente detenido.

“Ella me amenazó con hacerme esta denuncia porque ya la había amenazado que haría todos los trámites correspondientes porque no estaba cuidando a nuestra bebé. Ella utilizaba la Tarjeta Alimentar para comprar marihuana. Por eso le quitaron a su hija más grande”, expuso entonces el acusado.

Su denuncia fue confirmada por una funcionaria judicial que informó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) intervino y puso a la pequeña al cuidado de su abuela materna.

En esa audiencia se presentaron tres situaciones especiales: la primera, cuando la jueza María Carolina Ballesteros, al enterarse que la hija del acusado tenía cuatro nombres, dijo: “cómo va a sufrir esta criatura en primer grado cuando tenga que aprender su nombre”; luego reconoció que las contradicciones eran importantes y que sólo se podrían aclarar en un debate oral; también pidió a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que indague la presunta desaparición de la denunciante y de su hija, ya que nunca pudo ser hallada después de que su denuncia.

Pero el imputado nunca pudo enfrentar a un tribunal, ya que el caso a través de un juicio abreviado, realizado el 6 de septiembre, en el que Delgado aceptó ser declarado culpable y el juez Lucas Taboada decidió condenarlo a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El magistrado ordenó además que sea trasladado hasta el penal de Villa Urquiza o en su defecto, alojado en una dependencia policial que cumpla las más mínimas condiciones para garantizar su estado de salud.

Trece días después de haber sido condenado, por su grave estado de salud, fue trasladado al Hospicio del Carmen por personal de la dependencia donde se encontraba detenido, desde donde los médicos lo derivaron al Hospital Avellaneda, sólo para que falleciera horas después, tras lo cual se descubrió que había sido diagnosticado con HIV en 2021, pero nunca inició un tratamiento.

“Nos enteramos en ese momento de su situación de salud. No tenga dudas de que si hubiéramos estado al tanto, realizaríamos todos los trámites necesarios para que ingresara al penal de Villa Urquiza”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girveau.

“La familia, como ocurre con los presos procesados, cumplía con su tarea de llevarle la ración de comida y ropa. Tampoco nos comentaron que tenía ese problema de salud. Él, mucho menos, porque sabe que no sería bien visto por los otros detenidos”, remarcó.

El titular de la fuerza también dijo que los responsables de la seccional 11, la más nueva de todas las seccionales de la capital, hablaron con la familia para era la Justicia la que debía determinar el traslado de los detenidos.

“Evidentemente realizaron las gestiones, porque un día antes de que falleciera, a última hora, nos llegó el oficio para que lo traslademos, que es lo que hicimos”, detalló.

“El que dio esa orden lo hizo pensando que tenía un problema de adicción. Por eso lo llevaron al Hospicio del Carmen y de allí lo derivaron al Avellaneda”, resumió Mario Décima, hermano de otro dtenido.

Los policías reportaron el deceso de Delgado a la Unidad Fiscal de Homicidios I que encabeza el fiscal Pedro Gallo, con  un informe de autopsia que sostiene que la causa del deceso fue un cuadro de infección generalizada.