Detenida en la seccional Primera acusó a un comisario de ofrecer beneficios a cambio de favores sexuales

Debido a la falta de espacio en las cárceles, algunas comisarías alojan -en celdas separadas- a hombres, mujeres y personas LGBT; la seccional 1ª es una de ellas y ya es la segunda vez en un mes que se ve envuelta en un escándalo.

En febrero una abogada denunció que una reclusa, que habría empezado a drogarse durante su encierro, había quedado embarazada y que nadie había avisado para llevarla a un hospital.

La mujer que hizo la denuncia había sido noticia en enero de 2022 cuando apuñaló y mató a su cuñado. Al principio la Fiscalía de Homicidios I pidió que se la encerrara, pero después se suavizó la acusación porque se entendió que la mujer había actuado al ver que el hombre golpeaba a su hermana.

Por eso se la imputó por homicidio en exceso de la defensa a un tercero y se ordenó que saliera en libertad bajo fianza y con reglas de conducta.

El 13 de marzo pasado la mujer fue detenida de nuevo. La Fiscalía dijo que la acusada no había ido a las audiencias y había incumplido otras reglas impuestas. Otro juez aceptó el pedido y ordenó que se llevara a la mujer al penal de Mujeres, en Banda del Río Salí, pero como no había lugar se la alojó en una comisaría de la capital.

12 días después la mujer, por medio de su abogado, presentó un habeas corpus acusando a uno de los jefes de esa comisaría mixta, porque el comisario les habría ofrecido beneficios a cambio de sexo. También les habría sugerido que fueran las responsables de venderles dosis de droga a los demás internos.

Ante este planteo, inmediatamente un juez determinó como medida de protección el traslado de la acusada hacia otra comisaría mixta con la orden de que se garantice su seguridad. Más tarde la Justicia hizo lugar al habeas corpus que presentó el defensor Morales y ordenó que la Fiscalía de Narcomenudeo abra una investigación sobre la posible tenencia de drogas para su comercialización por parte del sospechoso (aún no está imputado) y que la Fiscalía de Atentados contra las Personas investigue sobre la acusación por apremios ilegales hacia al menos tres detenidas.

“Debo destacar lo rápido que actuaron los jueces Guido Buldurini, Matías Graña y Alejandro Valeros, que entendieron la gravedad del hecho denunciado y le garantizaron seguridad a mi defendida y a las otras presuntas víctimas; también ordenaron la apertura de las investigaciones. Hay otras cuestiones que quedaron pendientes para la próxima audiencia”, sintetizó Morales en entrevista con LA GACETA. El abogado adelantó que solicitará la libertad para su representada, o que al menos le otorguen la prisión domiciliara.

Hace un mes hubo otra grave denuncia en esa comisaría. Una defensora oficial asumió el asesoramiento de una presa y al entrevistarse con ella descubrió que la joven estaba cursando un embarazo de ocho meses sin que las autoridades policiales ni la ex defensa notificaran del caso a la Justicia.

Por esa razón se abrió una investigación sobre esa irregularidad. La detenida expresó que otra interna le vendía droga y no pudo confirmar quién sería el padre de la criatura.