Dictamen favorable para debatir sobre el Proyecto de Ley Anti-Toma
La Comisión de Seguridad y Justicia, de la Honorable Legislatura de Tucumán, emitió dictamen favorable a un Proyecto de Ley, que busca dar respuesta integral a las usurpaciones de tierra en la provincia de Tucumán.
La propuesta es iniciativa del Legislador Raúl Albarracín y cuenta con el apoyo de la Sociedad Rural de Tucumán. Sebastián Murga, presidente de la Asociación, en su oportunidad, manifestó su apoyo ante la iniciativa del parlamentario y asumió el compromiso de trabajar juntos para la conformación del equipo de trabajo.
Durante la Sesión Legislativa de mañana, se analizará sobre la necesidad de formar un equipo interdisciplinario “Anti-Toma”, que tendrá como objeto la intervención prematura, inmediata, temprana y permanente en los delitos de usurpación de propiedad, a fin de evitar que la usurpación y las consecuencias que deriven de esta se torne compleja, salvaguardando a las personas intervinientes, de los mayores daños que puedan ocasionarse como consecuencia de este delito.
El Legislador Albarracín dijo que “no se trata de desconocer el problema social que afecta a muchas personas en cuanto al acceso a la vivienda, pero somos conscientes también que esa deuda no se resuelve en absoluto con conductas ilícitas ni con un Estado distraído y negligente”, dijo el parlamentario.
Señaló además que con esta Ley, se busca evitar la consumación del delito de usurpación que está constantemente en escala, y es instigado en algunos casos por actores sociales o políticos. “El año pasado hubo referentes sociales y políticos instigando este tipo de delito, un delito tipificado en el código penal. Nosotros queremos una intervención rápida, temprana y disuasiva, que evite la consumación de este delito, hemos dado dictamen a esta Ley que lleva el acompañamiento del bloque, a fin para que mañana tenga tratamiento en el recinto”, explicó Albarracín.
En declaraciones a la prensa, el Legislador se refirió a la necesidad de la protección justa y razonable de la propiedad para el progreso y desarrollo de todos. El plan de trabajo “Anti-Toma”, establece que el equipo interdisciplinario tendrá la facultad de designar un Coordinador de Procedimientos y Desalojos Forzosos, dependiente del Ministerio de Seguridad. Deberá ser un civil con conocimientos en mediación. La idea plantea la incorporación de integrantes de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social, Espacio Público, Unidad de Emergencia del SIPROSA y/o cualquier otro actor necesario para la correcta, legal y adecuada ejecución del proceso de desalojo.
“A través de este equipo interdisciplinario logramos de manera rápida se evite la consumación del delito y el desgaste jurisdiccional, y que alguien se vea privada de su propiedad por mucho tiempo y a su vez, se evita el desalojo que tiene un efecto negativo para los usurpadores”, manifestó.
Razonó que el incremento de casos de usurpaciones puede detenerse a partir de esta Ley, ya que es una manera de intervención rápida para que no se consolide la idea de que usurpar es fácil y desalojar es lento.