El asesino Rejas ya lleva cinco días en libertad: no hay pistas certeras y solo se apuesta a la lotería de las recompensas

Ahora la Policía de Tucumán y las fuerzas federales corren detrás del femicida, pero con destino incierto: no se sabe si salió del país o si está escondido en la provincia porque no dejó huellas. Para aproximarse a dar con él, el Gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de $ 2.000.000 para quien pudiera aportar datos certeros sobre el paradero del asesino, de 36 años.

Rejas no evitó que lo declararan culpable de los crímenes sin cuerpos pero logró escapar de la sombra de la cárcel antes de que lo trasladaran al pabellón de ex policías de la unidad penitenciaria, e incluso antes de que la familia de las víctimas pudiera sentir el alivio de la Justicia consagrada. Con las mismas artimañas que entorpeció la investigación del doble crimen, el asesino salió del Cuartel General de Bomberos de San Miguel de Tucumán, se cree, pasadas las 21 del lunes 27 de septiembre. Sin embargo, no está claro cómo.

La hipótesis oficial es que salió por una claraboya del baño después de que pidiera permiso para ducharse. Pero para llegar a esa ventana necesitaba una escalera, porque de otro modo es inalcanzable. ¿Alguien se la dio? La otra sospecha es que salió por donde entró: por la puerta. En cualquiera de los dos escenarios se cree que contó con ayuda externa, de mínima con un auto que lo esperaba afuera y lo llevó a su escondite o, previo cambio de vehículos, lo dejó en la frontera -con Bolivia o Chile- para cambiar de país. Un día antes de fugarse lo visitaron amigos. Ahora los investigadores suponen que fue para definir el plan. Pero también pesan las dudas sobre los policías que custodiaban a los detenidos, según publica Infobae.

El subjefe de la Policía de Tucumán, comisario mayor Enrique Fresneda, anunció poco después de la fuga el cierre de las fronteras provinciales. Quizás pasaron demasiadas horas. Simultáneamente, el Ministerio de Seguridad provincial daba la orden a la Policía de separar del cargo provisoriamente a los siete agentes que están en la cadena de responsabilidades de la evasión de Rejas. Sus nombres no trascendieron, pero no sólo los investiga Asuntos Internos sino también el fiscal Pedro Gallo, que subroga la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, y que trabaja bajo un hermetismo absoluto.

“El gran problema es que Rejas es muy detallista cuando comete el delito, entonces él no deja marcas en ningún lado, así fue ahora con la fuga, como fue con el crimen. Todavía no se sabe a ciencia cierta por dónde salió ni a qué hora, la Policía supuestamente dice que a las 21.30 pero tampoco se sabe”, comentó a Infobae Silvia Furque, abogada de Amalia Ojeda, madre de Milagros, su víctima.

Parte de la indignación de la familia de las víctimas tiene que ver con que, según su visión, era previsible que Rejas escapara del Cuartel de Bomberos. Por sus vínculos con las fuerzas de seguridad locales -sus padres y sus dos hermanas son integrantes del área de Criminalística tucumana de la Policía Federal Argentina- y porque, inexplicablemente, en el Cuartel no había una sola cámara de seguridad para vigilar los movimientos de los presos y los policías.

Además, en las últimas horas se activaron varios allanamientos. El último ocurrió el viernes por la madrugada en la casa de una hermana de Rejas, ubicada en el barrio San Andrés de San Miguel. Se secuestraron computadoras, teléfonos y tablets. También entraron en la casa de la novia de Rejas y de uno de sus hermanos, de donde los investigadores se llevaron 18 teléfonos celulares, computadoras, tablets, siete pendrives, tres cartas manuscritas y una foto.

La fuga de Rejas expuso la desidia en relación a la planificación y prevención de la seguridad en Tucumán, por lo que inmediatamente el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo provincial, Osvaldo Jaldo, decidió trasladar a todos los detenidos y cerrar el Cuartel como centro de detención, meses después de que la propia Policía de Tucumán pidiera que dejen de enviar presos allí porque no estaban dadas las condiciones. De hecho, Rejas compartía celda con otros seis condenados. “Celda” es una manera de decir, en realidad estaban metidos en una oficina que en otro momento había sido utilizada para el área de Sistemas.

La crisis carcelaria en Tucumán es larga. Solo en comisarías hay 800 detenidos. El mismo día de la fuga de Rejas se escaparon otros tres presos de la comisaría de Los Aguirre, a 20 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Los policías condenados deberían ir a su propio pabellón, en la Unidad Penal 6 de Villa Urquiza, pero supuestamente allí hace meses que no hay espacios. En el Cuartel del Bomberos, además de Rejas, había otros siete policías, que ahora fueron trasladados por orden del vicegobernador Jaldo.

“Hay que tener en cuenta que la única forma de ingresar al Servicio Penitenciario por la pandemia era a través de un aislamiento que cumplían los detenidos en el CEREDE (Centro de Recepción de Detenidos), donde luego de 15 días, y tras ser examinados por el servicio médico del SIPROSA, estaban en condiciones de ser alojados en el servicio penitenciario, siempre teniendo en cuenta los cupos existentes, lo que a veces impedía su alojamiento”, señaló Fresneda.

Las autoridades de la Provincia de Tucumán y el fiscal pidieron colaboración al Ministerio de Seguridad nacional. De acuerdo con la información aportada a este medio por fuentes oficiales la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina empezó el trámite de la captura internacional de Roberto Rojas. “Al mismo tiempo asesora a los investigadores locales sobre la posible fugar al exterior”, comentaron.

La abogada de la familia de las víctimas tiene la esperanza de que Rejas se sienta encerrado y se entregue. Es que según Silvia Furque, la familia del prófugo puso sus bienes como garantía de que Rejas se ajustaría siempre a derecho. Rejas estuvo detenido en el penal de Villa Urquiza entre 2016 y fines de 2018, cuando se venció su prisión preventiva. La Justicia le fijó en ese momento una caución de $ 1.000.000. Como Rejas y su familia no tenían ese dinero, apelaron la resolución y la Cámara de Apelaciones le bajó el monto a $ 800.000. “Entonces la familia cauciona con la vivienda de los padres de Rejas, un inmueble ubicado en el barrio San Cayetano”, explicó la abogada.

Además, Rejas tiene una caución personal, asumida por sus hermanas, quienes están obligadas a hacer comparecer a Rejas cuando la Justicia lo pida. Las mujeres, agentes de la Policía Federal pusieron recibos de sueldo como garantía y prestaron juramento para hacerse responsables del asesino.

Furque ya pidió que se ejecute la caución, tanto la real como la personal. Si Rejas no se presenta sus padres podrían perder la casa y a sus hermanas se les podría embargar el salario. “Ahora, la Justicia intimará a la familia y les otorgará un plazo de 10 días para que Rejas regrese a cumplir su condena. Caso contrario, se rematará la propiedad que pusieron de garantía. Si esto ocurre, el inmueble podría ser rematado o quedar bajo la tutela del Estado”, explicó la abogada. /Contexto