El dato oficial que indica que 17,3 millones de argentinos son pobres y 4,2 M indigentes, llevó a CFK a poner límites a Massa

Después de 56 días sin observaciones, y no cien, como algunos pronosticaban, Sergio Massa fue apuntado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, al reclamarle públicamente y a través de un tuit que «es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia». El pedido surgió luego de que se conocieran los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que indican que 36,5% de la población y afectó a 17,3 millones de argentinos, mientras que la indigencia se ubicó en 8,8 por ciento, equivalente a 4,2 millones de personas.

La senadora había mantenido el silencio ante el dólar soja y también ante la decisión de recortar subsidios tarifarios, una medida que superó lo que pretendía el ex jefe de Hacienda, Martín Guzmán. Algo que se decidió por la necesidad de resolverla emergencia de reservas del Banco Central. La ex mandataria también estuvo muy dedicada a su defensa en la causa judicial que se le sigue por obra pública, así como el atentado contra su vida en la puerta de su domicilio.

Pese a que Massa tuvo cierto éxito en recuperar oxígeno en el plano cambiario y en materia de financiación del Tesoro, a la jefa política de la alianza gubernamental, se le estaba haciendo difícil frenar el descontento que expresan las bases del kirchnerismo.

De esa manera, los tiempos se aceleraron, a su vez con el conflicto gremial del sector neumático en el medio, que evidenció las fuertes diferencias que hay en la coalición en referencia a la política de ingresos. El ministro de Economía y su par de Trabajo, Claudio Moroni, se alinearon con la posición de los empresarios, algo que provocó un terremoto intestino.

Otro punto que el núcleo duro cristinista está preocupado por el avance del protagonismo del los sindicalistas trotskistas, que en varias firmas desplazan a los clásicos gremios peronistas a la hora de pelear por la recuperación salarial, tal el caso del sindicato del neumático. Por ello, la amenaza sobre la apertura de la importación que hizo el titular de Hacienda, para garantizar la continuidad de la actividad automotriz, fue interpretada entre los kirchneristas como una medida que pretendía romper la huelga.

No son pocos los que sospechan que Massa quiere usar como ancla inflacionaria los sueldos. Esa idea se agravó a partir de que tras su gira por Estados Unidos, donde se entrevistó con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, mostró compromiso por abandonar las dos mecánicas clásicas de la historia económica argentina, que pasan por el tipo de cambio y las tarifas públicas.

En el proyecto de presupuesto 2023 que el ministro Massa presentó en el Parlamento se ve este panorama. Al igual que su antecesor, Guzmán, la previsión inflacionaria está subestimada, con lo que se proyecta una recuperación salarial, que no puede tener correlato con la realidad.

El mandamás económico entiende que el sector estatal tendrá una suba del 76,7% en los sueldos del año próximo, lo que significaría una recuperación real, siempre y cuando la inflación sea del 60% de proyección oficial, algo que nadie cree. Por el contrario, los agentes económicos, especialmente los sindicatos, tienen en cuenta la previsión de la encuesta REM del Banco Central, que vaticina un 84 por ciento.

Lo que se teme, es que como hizo Guzmán, la cifra de inflación rebajada sea utilizada con el fin de marcar una referencia a la hora de las negociaciones paritarias, y no permitir aumentos nominales que se desborden bajo el concepto de que incrementar los ingresos produce subas en el Índice de Precios al Consumidor.

La propia Cristina se encargó de romper la estrategia del ex ministro, dando ella misma aumentos por encima del techo oficial a, por ejemplo, a los empleados del Congreso, paradójicamente en acuerdo con Massa, que era quien presidía hasta hace poco la Cámara baja. Otras veces lo hizo por la vía de apoyar públicamente a sindicatos considerados más combativos rebeldes, como el delos bancarios, encabezados por Sergio Palazzo. Algo que ocurrió a inicios de año, cuando se llevaron adelante medidas de paralización de la actividad, logrando una suba superior a la referencia de Guzmán y Moroni (Trabajo).

La expresión más clara de esa tensión interna fue el reclamo de una suba salarial generalizada, con la fijación de una suma fija a dictarse por decreto. El principal opositor a esa iniciativa fue el ministro Moroni, quien sostiene que el sistema de paritarias es eficaz para defender al salario contra la inflación. Su posición fue acompañada por la cúpula de la Confederación General del Trabajo, que siente que ese tipo de aumento por decreto le hace perder el protagonismo en las negociaciones salariales. Ese reclamo, que tuvo su mayor intensidad en el verano pasado, se renovó en los últimos días, debido a la ola inflacionaria que puso al IPC en el nivel del 7% mensual, y una escalada de la conflictividad laboral que no cesa.

El regreso de la ex presidenta Kirchner al debate económico indica una fuerte señal política hacia adentro de su fuerza y equivale a marcarle límites a Massa en esa política de estabilización financiera que intenta llevar adelante, y que para el mercado está arrastrando a otra fase de recesión.

«El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia», escribió la Vicepresidente, dándole un leve apoyo a uno de los hombres con más rechazo en la facción kirchnerista del frentetodismo.

El señalamiento de Cristina pidiendo una asistencia para los argentinos en situación de indigencia tiene además un objetivo, apuntar al  masivo acampe de la Unidad Piquetera Nacional en la céntrica Avenida 9 de Julio. Y pone un interrogante sobre si ella va a respaldar la postura del ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, quien se resiste a una reapertura en la lista de beneficiarios para el plan Potenciar Trabajo, que según datos oficiales está asignado a 1,2 millones de personas.

El mensaje de CFK tiene una advertencia, y es que el salario no puede ser la variable de ajuste y que el Gobierno nacional debería poner su atención en los márgenes de ganancias de las grandes empresas. Una postura que parece alejada de Massa, como demostró en su intervención en el conflicto del neumático. Mientras tanto, Alberto Fernández, presidente de la Nación, sigue relegado en la toma de decisiones de la alta política y en materia económica.

Juan Pablo Peralta, periodistas acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino para FM Concierto 105.5