Revelan los nombres de los cabecillas del intento de huelga policial: serían acusados de instigación al delito
Este fin de semana hubo un intento de huelga por parte de algunos efectivos de la Policía de Tucumán descontentos con las negociaciones salariales en curso. Después de haber encauzado la investigación y participado en varios de los allanamientos, la fiscala Mariana Rivadeneira, junto a sus colaboradores comenzó a analizar todas las pruebas que se recolectaron hasta el momento. En tanto, avanza para formalizar la acusación de los cuatro detenidos (tres efectivos y un civil), se estima que serían inculpados por instigación al delito, pero aún no lo definió.
Ese es el corolario de una investigación que se desarrolló en menos de 24 horas. El jefe de Policía, Joaquín Girveau, se enteró de que miembros de la fuerza se estarían contactando en las redes sociales para realizar un reclamo salarial. Orgánicamente, está prohibida la sindicalización policial y las cuestiones salariales son definidas por una comisión de la que participan los mandos superiores, no los empleados.
Analizando la titularidad de las líneas de donde se habían enviado los mensajes y chequeándolos con la información del D1 (oficina de recursos humanos de la Policía) pudieron confirmar la identidad de los señalados como integrantes del grupo que amenazaba con realizar una huelga.
Rivadeneira analizó las pruebas que le presentaron y en la madrugada consiguió que un juez autorizara a realizar todas las medidas que había solicitado.
A las 9, en la sede de la ex Brigada (Junín al 800), el jefe de Policía junto al subjefe Roque Íñigo, organizó con los pesquisas cómo realizarían los procedimientos. Mientras tanto, en las unidades regionales Este, Norte y Sur, esperaban las instrucciones para desplegarse. A las 10, con la presencia de Rivadeneira comenzaron a concretarse las medidas.
En los procedimientos fueron detenidos Carlos Alberto Córdoba (individualizado por haber enviado el mensaje “vamos por el auto acuartelamiento), Walter Federico Moreno (titular de la cuenta donde se realizaba el depósito del dinero de la colecta), Juan Eduardo Adrián Chebbib y Héctor Eduardo Coria.
También se allanaron 19 viviendas donde residen los otros sospechosos. Ninguno de ellos quedó detenido, pero se les informó que oficialmente están investigados y se les secuestraron todos los dispositivos electrónicos que encontraron en los domicilios. Esos elementos serán peritados por el Equipo Científico de Investigación Fiscal.
Además, por disposición del jefe Girveau, con el apoyo del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, a los mencionados en la causa se les quitó el arma reglamentaria y se les informó que quedaban en disponibilidad y sus horas como integrantes de la fuerza estarían contadas.
Los pesquisas descubrieron otro detalle. De los 23 señalados, al menos cinco son civiles que, según la base de datos que se analizó, son empleados del Superior Gobierno de la Provincia. Ahora deberán determinar en qué área se desempeñaban y qué relación tenían con los efectivos.
“Esta investigación continuará. No tenga dudas de que vamos a ir contra todos los policías que intenten generar caos en la provincia. No permitiremos ningún tipo de acto de indisciplina”, aseguró Girveau.
El titular de la fuerza consideró que no existían motivos para que se desate un conflicto en medio de las paritarias. “Tuvimos una reunión y no se habló de nada en concreto. Pero desde ya les digo que será un buen arreglo para todos los uniformados”, finalizó. /Los Primeros
