Videos, legajos de empleados armados y cruce de teléfonos son las prueba clave del caso “Chocolate” de la municipalidad de San Martín
Videos del ex presidente del Concejo Deliberante retirando fondos de empleados judiciales fantasma, “creación de legajos” que no existían y cruce de llamadas telefónicas, son algunas de las nuevas pruebas incorporadas a la causa en que se investiga el método “Chocolate” en la intendencia de San Martín.
Mientras el fiscal federal Paul Starc espera que la Cámara Federal de San Martín ordene la detención del intendente K de esa ciudad, Fernando Moreira, la Justicia realiza estas y otras medidas de prueba a las que accedió Clarín en fuentes judiciales.
La principal prueba hasta ahora de cómo funcionarios K de ese municipio cobraban sueldos de empleados fantasma -al igual que lo hizo el dirigente del PJ de La Plata, Julio “Chocolate” Rigau- es un video en que se ve al ex fallecido presidente del Concejo Deliberante de San Martín y dirigente K, Sergio González, cobrando sueldos de, por lo menos, 13 tarjetas de crédito de empleados fantasma de la comuna.
La causa por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documentos públicos se abrió en octubre del año pasado por una denuncia del desocupado Eloy Romero Klimiuk a quien la ANSES le negó el pago de su plan social porque “figuraba como empleado de la municipalidad de San Martín, en la categoría de experto” desde mayo de 2023.
Klimiuk dijo que solo había sido convocado por su primero Gonzalo Artusi en junio del 2023 para hacer “pegatinas” por Unión por la Patria durante la campaña electoral a cambio de 5 mil pesos. Su primero le pidió una fotocopia del frente y dorso de su DNI y luego no volvió a comunicarse con él.
Sin embargo, en un legajo municipal fechado el 5 de junio de 2023 aparece como “experto” contratado por el jefe de gabinete del intendente Moreira, José María Hernández.
Después se descubrió que, por lo menos, había otros 12 casos iguales al de Klimiuk y la jueza Vence ordenó el sábado pasado el allanamiento de la municipalidad y el concejo deliberante de San Martín, entre otros lugares, donde secuestran legajos de empleados y otra documentación.
Sin embargo, la jueza Vence rechazó los pedidos de detención pero les prohibió salir del país, los embargó y les ordenó que se presenten regularmente ante el juzgado.
Ante la negativa, el fiscal apeló a la Cámara Federal de San Martín argumentando que en la municipalidad “confeccionaron, intervinieron, y adulteraron los legajos de todos los nombrados por el decreto 916/2023 , modificando, suprimiendo y/o falseando de esta manera, elementos de prueba”.
La medida se desplegó sobre las áreas de Tesorería y Recursos Humanos. /Clarin
