El asesinato de un colectivero golpea a la administración oficialista y genera conmoción social
La zona del inmenso Conurbano bonaerense entró en conmoción por el asesinato de un chofer de una de las líneas de colectivos que atraviesa el populoso partido de La Matanza. El nuevo crimen -ya que hubo otros dos en esa misma región del oeste provincial en los últimos tiempos- produjo una autoconvocatoria de conductores que sufren todos los días situaciones de inseguridad.
En ese contexto, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se apersonó en la intersección de la Avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz para intentar dialogar con los colectiveros que tomaron la visita al corte de calles que realizaban como una provocación.
La reacción de quienes bloqueaban el tránsito fue violenta y recibieron al funcionario de Axel Kicillof a golpes de puño, botellazos y piedrazos. Cuando llegó la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ejerce jurisdicción del lado de Capital Federal, lo rescató dejando varios trabajadores heridos, llevándolo al Hospital Churrúca con varias heridas de las que fue atendido en el nosocomio, donde más allá de alguna quebradura menor en huesos del rostro y suturas, no se le impidió retirarse.
Cuando le dieron de alta, Berni salió a hablar con la prensa y a decir que el hecho era sospechoso, dando a entender que tenía alguna finalidad política en medio del año electoral, a su vez dejó entrever que entre quienes lo golpearon había infiltrados.
En medio de este conflicto surgió, como en cada tema de gestión, la interna oficialista. El jefe de la cartera de Seguridad le reiteró a su par nacional, Aníbal Fernández, el pedido para que ponga a disposición de la gobernación de Kicillof, fuerzas federales, un reclamo que ya había hecho el propio titular del Ejecutivo bonaerense y que la administración central afirma haber cumplido.
Debido a esto, varios funcionarios que tenían actos en el Conurbano, como el edil del distrito donde se dio el homicidio, Fernando Espinoza, suspendieran sus actividades. Lo mismo hizo el propio presidente, Alberto Fernández, quien decidió aplazar la única tarea que figuraba en su agenda oficial que se trataba de participar de la inauguración de un Centro Regional Universitario en la facultad de Ituzaingó, en esa localidad del oeste de la PBA.
El jefe de Estado que había llegado poco antes del mediodía a Casa Rosada, sin que se informara que hizo en su despacho presidencial durante toda la tarde, tenía previsto estar en el evento a las 18 horas acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el de Educación, Jaime Perczyk, junto al intendente, Alberto Descalzo.
La excusa para que el mandatario no fuera a esa zona a exponerse en una jornada peligrosa, y con posibilidades de que se movilizara gente para repudiarlo, fue el clima. Una leve llovizna que no justificó bajo ningún aspecto no ir al lugar. Algo había que decir desde las usinas albertistas, y eso se hizo.
El asesinato del chofer, Daniel Barrientos, de 65 años, quien estaba a un mes de jubilarse, se produjo poco después de las 4:30 cuando en la madrugada del lunes, el colectivo de la línea 620 que conducía transitaba por la calle Escribano, a la altura de Cullen, en el barrio El Pino, a la altura del kilómetro 41,700 de la ruta 3, en la parte más alejada de la Capital Federal del partido de La Matanza.
El asesinato del chofer, al que llamaban «El Capitán» por su buen humor con los pasajeros y su vocación de ayudarlos, y con más de 35 años de servicio, generó la indignación entre los compañeros de su línea y colegas de otras empresas que se sumaron a la protesta y la mantienen.
A partir de las 7:30 de la mañana se paralizaron las líneas que brindan servicio en el oeste del Gran Buenos Aires, más de 80. Los empleados se mantuvieron movilizados exigiendo justicia para Barrientos y su familia, así como seguridad para todos los que circulan por esa región que cada vez se torna más arriesgado debido al delito, que crece a la par de la pobreza, que en la Argentina ya alcanza a unas 19 millones de personas, de las cuales casi 4 millones son indigentes.
Berni garantizó que no va a renunciar y cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad, al asegurar que «si bien actuó como lo ordena el protocolo» complicaron las cosas. «Les pedí que no avancen porque la situación estaba controlada y se iba encaminando. Un golpe más no hace mella, más me duele que haya muerto un bonaerense que tengo que cuidar», aseveró mostrando comprensión para con quienes casi lo linchan frente a las cámaras de televisión de casi todos los medios porteños.
Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento de la República Argentina para FM Concierto 105.5
