La justicia ordenó congelar bienes del dirigente social Eduardo Belliboni a medida que avanza la investigación por presunta extorsión y administración fraudulenta de fondos del programa Potenciar Trabajo. El juez federal Sebastián Casanello ordenó asimismo congelar la billetera virtual del líder de la organización social a pedido del fiscal de la causa, Gerardo Pollicita.
El juez Casanello, por su parte, determinó que las sospechas en torno a Belliboni también afectan a su patrimonio, en línea con la presunción del potencial desvío de los fondos estatales que administraba a través de su organización.
La decisión ocurrió días después de que citara al dirigente sociala prestar declaración indagatoria por las acusaciones que pesan tanto en su contra como de otros dirigentes sociales, en el marco del expediente que analiza un presunto esquema de extorsión y coerción contra beneficiarios de programas sociales.
Según la hipótesis de Casanello, los dirigentes del Polo Obrero habrían utilizado facturas apócrifas para «disfrazar» la utilización de esos fondos, alegando que «lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria».
«No somos ningunos delincuentes. No tenemos secretos», se defendió Belliboni el pasado lunes, cuando declaró frente al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa contra dirigentes del Polo Obrero
La sospecha de Casanello gira en torno al presunto uso de facturación falsa y gastos no justificados por parte del Polo Obrero para ocultar el destino real de los fondos recibidos del estado nacional. La investigación judicial iniciada analiza pruebas sobre el presunto desvío de fondos que el Polo Obrero habría recibido como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
Por este motivo, el dirigente social deberá presentarse a declarar el próximo 25 de junio a las 9 en los tribunales porteños de Comodoro Py, como uno de los 23 acusados involucrados en la presunta maniobra delictiva. Los acusados declararán en seis audiencias que comenzarán el próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25. Lo hará junto a otros dirigentes de la misma organizaciones y otras personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza, estos últimos dos sospechados de extorsión y amenazas.
Según Belliboni, estas acusaciones buscan «estigmatizar a los movimientos sociales», aunque admitió que no puede garantizar la conducta de todos los miembros de su organización. «Aunque sí (pondría las manos en el fuego) por la gente que trabaja en los comedores porque son personas que se sacrifican todos los días», agregó.
Además, acusó al gobierno nacional de querer «desviar la atención» a partir de las denuncias contra dirigentes sociales y el manejo de la asistencia alimentaria, un tema sensible a nivel social. «Forma parte de una campaña para hacer humo en un lado cuando la economía se está derrumbando, cuando hay miles de puestos de trabajo que se pierden cotidianamente, cuando hay un rebelión popular en Misiones», dijo Belliboni tras su indagatoria.
