Ni Chávez ni Merkel: el plan del kirchnerismo es profundizar un modelo de «Estado accionista»

Todos recordaron en estos días la célebre consigna de «¡exprópiese!» con la que Hugo Chávez, a puro decreto, realizó una ola de estatizaciones de empresas privadas durante el auge del populismo venezolano, hace ya una década.

Algunos lo rememoraron con alborozo y otros con alarma, pero el denominador común fue el de vincular aquella escena con el debate que se instaló en Argentina a raíz de la propuesta de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, que causó revuelo al sugerir que el Estado tome parte del capital accionario de aquellas empresas a las que el Estado asistió financieramente por la crisis de la pandemia.

En la oposición, el caso más representativo fue el de Patricia Bullrich, presidente del PRO, quien acusó a la diputada de confundir el concepto de la propiedad del dinero de los contribuyentes. «El Estado administra los impuestos de las personas y las empresas. La plata es de la sociedad argentina para que reciba servicios, no es que el Estado porque administra es el dueño de la plata», dijo Bullrich, quien no dudó en «chicanear» con el vínculo kirchnerismo-chavismo.

Pero lo curioso del caso es que Vallejos no sólo no reivindica a Chávez sino que dice que su inspiración para su proyecto fue Angela Merkel.

Lo cual no hace más que ratificar una tradición kirchnerista. La argumentación de las políticas intervencionistas y estatizantes nunca se hace reivindicando a países socialistas ni al populismo latinoamericano. Ni siquiera al propio Perón, sino a países exitosos del mundo industrializado.

Por ejemplo, así lo había hecho Cristina Kirchner cuando, al presentar su libro «Sinceramente», elogió a Donald Trump por haber logrado recuperar el empleo gracias al proteccionismo comercial. Una forma astuta de criticar la apertura comercial de Mauricio Macri por la vía de compararlo con su principal aliado.

Es por eso que ahora, la diputada Vallejos –y, según presume todo el ámbito político, la propia Cristina– puso en el centro del debate las nacionalizaciones europeas en la crisis de la pandemia.

De Lufthansa a la industria argentina

El caso emblemático es el de la aerolínea Lufthansa, que según la revista Der Spiegel podría recibir la friolera de 10.000 millones de euros a modo de salvataje, luego de haber visto desplomarse su facturación en 18% -unos 1.400 millones de euros- en apenas un trimestre.

Hay negociaciones directas entre la cúpula de Lufthansa y el gobierno de Merkel sobre cuál será la influencia que tendrá el Estado luego del salvataje. Una posibilidad es que la mitad de la asistencia financiera sea transformada en capital accionario o que sean a cambio de garantías de dividendos de un 9%.

Hay casos similares en países como Francia, Gran Bretaña y el propio Estados Unidos.

En rigor, tampoco se trata de algo totalmente novedoso, dado que estos casos hacen recordar a los salvatajes de empresas norteamericanas, cuando el propio George W. Bush hacía empalidecer a los más fervorosos keynesianos por la vía de inyectar fondos oficiales en bancos y empresas automotrices. La consigna en esos casos era salvar a las empresas, en el entendido de que se trataba de un activo social, pero ello no implicaba salvar a los accionistas, que muchas veces vieron licuar su participación.

Y se plantea la discusión: ¿es equiparable la ayuda del Estado alemán a Lufthansa con el pago de dos salarios mínimos que hace Argentina a grandes empresas como Techint o con los préstamos subsidiados a las pymes semi-quebradas? Y, en todo caso, ¿debe esa asistencia reclamar una contrapartida en forma de participación accionaria?

Desde la Unión Industrial Argentina lo rechazaron de plano. Por caso, el dirigente José Urtubey, entrevistado en radio La Red, afirmó: «Esa propuesta no tiene sentido porque acá no hay un salvataje, son asistencias puntuales. No es que quebró una aerolínea y la están capitalizando. Es casi lo mismo que a las personas físicas a las que se les dio asistencia después se les obligue a hacer trabajos o a los profesionales que asistieron».

El encanto irresistible del «Estado accionista»

Nadie ha visto aún el proyecto de Vallejos, que ni siquiera inició el trámite formal en la Cámara, de manera que lo único que hay son especulaciones a partir de los comentarios de la diputada. Dentro del propio kirchnerismo hay versiones encontradas y nadie sabe exactamente cómo se cuantificará la ayuda ni el valor de las empresas.

Entre los muchos comentarios, hasta se planteó la posibilidad de que la propuesta no fuera compulsiva, sino por la vía de que voluntariamente las empresas necesitadas hicieran emisiones de acciones que serían compradas por el Estado.

Pero el revuelo ya está hecho: el diputado radical Luis Peltri avisó que presentará un «contra-proyecto» para prohibir que la ayuda estatal pueda ser condicionada a resignar el derecho de propiedad.

Lo que presume la oposición es que, sea cual sea la metodología que proponga Vallejos, el resultado final sería siempre el mismo: representantes estatales sentados en el directorio de las compañías privadas.

Pero la realidad es que nada de lo que está ocurriendo constituye una verdadera novedad. El kirchnerismo había hecho en 2008 uno de sus mayores descubrimientos: que en vez de caer en la antinomia de privatizaciones o estatizaciones, había un conveniente camino del medio, el del «Estado accionista».

Fue un descubrimiento casi casual, como efecto colateral por la reestatización del sistema jubilatorio. La motivación de aquella medida –ideada por Amado Boudou, quien convenció a Néstor Kirchner y a Cristina de que el contexto internacional había cambiado y jugaba a favor- era de índole fiscal. La caja administrada por las AFJP era de u$s6.500 millones, un botín irresistible para un gobierno necesitado de fondos.

Pero los funcionarios K descubrieron algo en lo que no habían reparado: además de dinero en efectivo, bonos y títulos del exterior, el fondo provisional contaba con acciones de grandes empresas, por más de u$s2.000 millones. Las tenencias del fondo previsional superaban el 20% del capital accionario en la metalúrgica Siderar, el grupo financiero Galicia, la inversora en bienes raíces Consultatio, la alimenticia Molinos y varias prestadoras de servicios públicos privatizados en los rubros de telefonía, electricidad y distribución de gas. Y, por cierto, también incluía un 9% en el multimedios Clarín.

De esa forma, el kirchnerismo empezó a tomarle el gusto a sentarse en los directorios de grandes empresas. Le permitía una injerencia directa en los negocios y hasta podía captar divisas sin tener que asumir las incomodidades de dirigir la estrategia comercial de la compañía.

Irónicamente, los viejos ideales revolucionarios cambiaron la confiscación por otro método típico del capitalismo salvaje de los años ’80: el de las tomas hostiles de empresas, donde grandes inversores copaban los directorios y forzaban cambios de planes. Es lo que popularizó Gordon Gekko, el villano de la película «Wall Street», con su discurso «La codicia es buena». Pero adaptado a la política argentina del siglo 21: otro discurso pero la codicia como motor principal.

Fue así, por ejemplo, que Axel Kicillof se sentó durante dos años en el directorio de Siderar, donde forzó cambios en los planes de inversión, porque argumentó que ponía demasiado énfasis en los planes fuera de frontera.

«Queremos que una empresa que se dedica a la producción de insumos básicos ponga su mirada en la Argentina, y no tanto en una expansión global financiada con los dividendos que genera acá», decía Kicillof en aquel momento. También abogó en contra del pago de dividendos y a favor de hacer reinvertir divisas dentro del país.

Antes de ser ministro, Axel Kicillof fue delegado por el Estado en el directorio de Siderar.

Y, efectivamente, en 2012, en plena «sequía» de dólares, el gobierno de Cristina logró un alivio en las reservas al lograr la reinversión –es decir, la venta de divisas- por parte de compañías como Siderar, Telecom, TGS, Molinos y Banco Galicia, que aceptaron la «sugerencia» estatal por alterar sus planes.

Una propuesta incómoda para Alberto Fernández

A la luz de estos antecedentes es que cobran relevancia las versiones en el sentido de que el verdadero motivo por el cual Alejandro Vanoli fue eyectado de Anses no tuvo tanto que ver con la mala gestión en el pago del IFE, sino por cierta pasividad a la hora de pelear la reasignación de asientos en directorios de grandes empresas.

Hay incluso versiones en el sentido de que Cristina está irritada por la reticencia o lentitud de Alberto Fernández para destituir a los directores que había designado el macrismo en los directorios de empresas y designar a los afines con el kirchnerismo.

Ahora, los empresarios están tratando de entender qué tan grave es la nueva avanzada kirchnerista bajo la forma del proyecto de la polémica diputada. Algunos confían en que no pase más de un arrebato personal que no exprese la opinión del gobierno. Por caso, Urtubey, de la UIA, afirma no sentirse preocupado porque «Vallejos no es la voz del Gobierno».

Algunos hechos parecen confirmar ese punto de vista. Por caso, Aníbal Fernández fustigó en duros términos la propuesta de la diputada, a la que calificó como alejada de las tradiciones peronistas.

Y tal vez ahí esté la clave para entender la otra gran motivación oculta tras la iniciativa de la diputada: fuerza a que en la interna oficialista cada quién defina con claridad de qué lado está alineado.

Por ahora, Alberto Fernández viene intentando un difícil equilibrio: fustiga a los empresarios por «miserables» pero al mismo tiempo convalidó rebajas salariales. Y sobre el tema específico de la toma de porciones accionarias de las empresas no se pronunció, aunque su ministro de trabajo lanzó una frase ambigua, al decir que se trata de una propuesta «interesante» que merece ser estudiada.

La diputada Vallejos no se dio por satisfecha con ese apoyo a medias y lanzó una provocativa convocatoria a los militantes para que salgan a reclamarle al Presidente la adopción de medidas más radicales.

Una vez más, siguió el manual kirchnerista: no puso como ejemplo a Chávez ni a Perón ni a Lenin, sino a un presidente estadounidense, Franklin Roosevelt. Recordó la anécdota de cuando, en plena depresión de los años 30, luego de escuchar reivindicaciones de dirigentes sindicales, el presidente dijo: «Está bien. Estoy de acuerdo con esas medidas. Ahora salgan a la calle y oblíguenme a tomarlas».

Como para que los preocupados sean no sólo los empresarios sino, en primer lugar, Alberto Fernández y la cúpula de la CGT.