Luego de ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos, CFK afirmó que no será candidata a nada

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada condenada a 6 años de prisión con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la causa de corrupción en la obra pública, denominada «Vialidad».

La sentencia del TOF Nro 2 fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La ex presidenta supo de la decisión en su despacho del Senado nacional, desde donde respondió al veredicto a través de un mensaje de carácter público. El fiscal Diego Luciani, que había pedido doce años de condena para ella, también siguió el resultado del proceso desde su oficina en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Afuera de la sede judicial, un grupo de militantes entonaba canticos como “Cristina presidenta”, bajo un fuerte calor que azota a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el interior los periodistas pugnaban por entrar a la pequeña sala de audiencias donde se daría a conocer la condena, que de todos modos fue trasmitida en redes.

Los demás acusados eran: el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

El juicio empezó en mayo de 2019 para investigar las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, señaló el fiscal Luciani al iniciar sus alegatos. El acusador dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad de los montos.

Luciani pidió que CFK y Báez sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, reclamó 10 años de cárcel, entre los principales acusados.

La Fiscalía consideró que el perjuicio al estado fue de 5.231 millones de pesos y en esa línea pidió que se decomisen bienes de los acusados por ese monto dividido entre los acusados. También reclamó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.

Por su parte, las defensas rechazaron todas las acusaciones y dijeron que no están probado los delitos de los que habló la fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, la senadora Kirchner se convirtió en abogada en causa propia y afirmó: “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.

El tribunal dispuso un decomiso de 84.835.227.300 de pesos, actualizados al momento en que el fallo quede firme. Ese dinero es el monto de “los efectos del delitos”. El empresario Lázaro Báez fue condenado a 6 años de prisión por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en cambio el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, fue absuelto.

Luego, a través de su canal de YouTube, la ex mandataria hizo una recorrida durante 56 minutos sobre los chats de los jueces, agentes de inteligencia, fiscales, funcionarios y empresarios de medios, a los que calificó de mafia, al referirse al viaje que trataron de ocultar al sur argentino, en la estancia del millonario inglés Joe Lewis. Sobre el final de su alocución la senadora hizo un fuerte anuncio, afirmó que no va a ser candidata ni a presidenta ni a senadora. «Una muy buena noticia para usted, Magnetto!», dijo. El 10 de diciembre no voy a tener fueros «que me metan presa», concluyó.

Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino.