Disminuyó significativamente los ingresos que perciben los responsables de estas oficinas, anunciado y anulado en menos de 24 horas por el Gobierno. Esta situación generó incertidumbre y preocupación en el sector, con posibles repercusiones que van desde demandas judiciales hasta despidos y cierres de registros.
Tras el encuentro en el Ministerio de Justicia con representantes del gremio, se dejó en claro que no hay un plazo definido para futuros aumentos. Además, la estrategia oficial incluye la reducción de la cantidad de registros en funcionamiento. Actualmente, existen 1554 registros en todo el país, de los cuales aproximadamente el 40% están bajo intervención. La mayoría de estos registros son administrados por profesionales como abogados, contadores o escribanos. Mientras que un porcentaje menor está a cargo de empleados de la Dirección Nacional.
El reclamo por aumentos en los ingresos de los encargados de los registros se intensificó desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Aunque inicialmente se había prometido aguantar 90 días, la semana pasada se concedieron subas que fueron posteriormente anuladas debido a un cambio en las proyecciones de inflación.
Esta situación generó inquietud en la Asociación de Encargados de Registros (AAERPA) y en todo el sistema. Además, con las posibles consecuencias como despidos, demandas judiciales e incluso renuncias de encargados que no desean asumir las responsabilidades actuales. La incertidumbre también se extiende a los usuarios, quienes podrían enfrentar demoras y otros problemas en los trámites realizados en estos registros.
Posibles consecuencias
La posibilidad de que algunos registros cierren sus puertas plantea preocupaciones en términos de seguridad jurídica para los propietarios. También en el ámbito económico, ya que esto podría resultar en un notable aumento en los costos de seguros de autos, entre otros efectos colaterales. Por el momento, se analizan diversas opciones jurídicas mientras la situación en los registros comienza a reflejar las consecuencias de esta decisión gubernamental.
