Toda la semana pasada y este lunes (hasta el miércoles por ahora) permanece el acampe en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada para visibilizar un conflicto permanente: la desidia estatal frente a las personas con discapacidad (PcD) que hoy se traduce en una rotunda retención de fondos a los profesionales (psicomotricistas, transportistas, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, maestros integradores y terapistas ocupacionales, entre otros) que, como consecuencia se ven obligados a reducir o suspender sus acompañamientos para las personas que lo necesitan.
Fue ante la implementación del DNU que incluiría recortes por 10 mil millones de pesos en el sector de salud y la alarmante situación que de por sí atraviesa el sector, el lunes 29 de agosto familiares y referentes del Colectivo de Discapacidad montaron la carpa y acampe frente a las puertas de Balcarce 50, y en otras ciudades del país, bajo la consigna “No al ajuste en discapacidad”.
La manifestación incluyó una concurrida marcha a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a la AFIP y al Ministerio de Economía, para luego retornar el reclamo en la sede del Poder Ejecutivo, desde el que no hay respuestas concretas.
En ese sentido, emitieron un comunicado en el que sostienen que “en esta convocatoria confluyen los reclamos que se vienen realizando desde hace 3 años y en la coyuntura actual se ven agudizadas cada una de las problemáticas de nuestro Colectivo”.
De ahí deriva el cruce de responsabilidades, lo que se dice “tirar la pelota afuera” o “pasarse la pelota el uno al otro” como le dijo Sabrina Faustini, terapista y coordinadora de un centro de atención especial:
Mientras tanto, las obras sociales adjudican la responsabilidad a Nación por no girar los fondos, desde el propio Gobierno salen a desmentir y aseguran que todo está bajo control.
El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa se desligó de toda responsabilidad a través de su perfil de Twitter: “Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas“.
En el mismo hilo, se atajó: “Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso”.
En conferencia de prensa en la Rosada, el hombre que maneja la multimillonaria pauta oficial, además de ser Secretario de Medios Públicos, Juan Ross afirmó que con el área de los discapacidad “no hay ningún recorte, lo que hubo fue un atraso de muy poquitos días y ya está absolutamente resuelto el tema”.
[CASA ROSADA] Aunque prestadores del sector discapacidad lo desmienten y siguen acampando en @CasaRosada, Juan Ross (Sec de Medios y Pauta oficial) afirmó q con el área d los discapacitados (@andiscapacidad) "no hay ningún recorte, lo que hubo fue un atraso de muy poquitos días". pic.twitter.com/q3w8RgwmX8
— Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) August 31, 2022
Por su parte, Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ente cuya transparencia es cuestionada por familiares de PcD y prestadores, aseguró que “el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional”.
¿Cómo funciona el circuito de pagos?
Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién se lava las manos o quién metió mano? La rueda de pagos gira de la siguiente manera: la AFIP gira fondos para las prestaciones por discapacidad a la SSS, que a su vez los destina a las obras sociales, que luego les pagan a los prestadores y centros de integración escolar.
Lo que sucede es que desde el 16 de agosto la AFIP frenó ese circuito, que ya venía lento para el bolsillo de los prestadores, y desde la Superintendencia sólo se limitaron a emitir un escueto comunicado en el que aseguran que el desembolso se hará en la primera quincena de septiembre.
En ese sentido, Emilia Marco, licenciada en Psicología, trabajadora en el área de discapacidad y niños con autismo en centros terapéuticos, amplió: “La situación que estamos viviendo, de desconcierto total, si bien es una situación que nosotros estamos tristemente acostumbradas a vivirla (esto de recibir nuestros honorarios con meses de demora) ya es algo que damos por hecho, porque en las obras sociales primero se elabora un acta, te aprueban ese acta que demora entre un mes y un mes y medio, luego se ingresa la factura y de ahí 90 días en el pago. Esto es cuando sucede todo bárbaro y festejamos como si nos pagaran a término. El prestador, quien brinda el servicio, percibe sus honorarios entre tres, cuatro y cinco meses después”.
“Lo que sucede ahora -añadió- es que la SSS nos envía un comunicado donde nos dicen que la recaudación de los próximos fondos para los próximos pagos no está confirmada, es decir, no está garantizada. Entonces, a la situación que nosotros arrastramos hace años se le suma esa incertidumbre. Y por otra parte no menor, está lo que están viviendo las personas con alguna discapacidad y las familias. Que se esté vapuleando un derecho elemental, básico, de tener garantizada la salud de esa persona, que se toquen esos fondos, que se toque el presupuesto destinado, ya habla de que obviamente las cosas están muy mal. Por otro lado, el acampe y la manifestación tienen que ver con el posible decreto firmado por Massa, que es que el Estado pasa a ser el regulador, el auditor de las obras sociales. Lo preocupante de la situación de profesionales y familias de PcD es sumamente angustiante y alarmante”.
Por su parte, Daniel Masuzzo, presidente de la Unión de Transportistas de Buenos Aires y referente del Colectivo de Discapacidad dejó las cosas claras: “Nosotros tenemos un problema. Cuando hablamos de ajuste, es que en 2020 no hubo aumento, entonces si vos no tenés aumento en un año, eso se llama ajuste. Después, el recorte viene porque cuando dejas de dar la prestación empezás a recortar, porque al no poder dar el servicio empezás a recortar el sistema. También tenemos problemas en los pagos, que hay deudas de obras sociales de enero, febrero, marzo y ahora directamente se cortó la cadena de pago desde la Superintendencia. Ese es uno de los temas que tenemos en lo inmediato. Si el valor nomenclador no aumenta, la prestación sigue degradándose y cada vez menos prestadores dan servicios, todo eso después lo ve reflejado el papá, la mamá”.
En el marco del acampe, uno de los manifestantes, Alan Parma, contó cómo le afectan en carne propia los desbarajustes estatales y la burocracia continua: “Yo tengo que hacer mis tratamientos y a los profesionales hoy en día no les están abonando su mensualidad, entonces yo pierdo los tratamientos”.
Asimismo, Alan -cuya hermana es Terapista Ocupacional- detalló: “Hay ajustes en las obras sociales porque la medicación no me la cubren al 100%, así que con todo el derecho que tengo (un Certificado Único de Discapacidad que garantiza la cobertura total de medicación y tratamiento), siempre tengo que contratar abogados o hacer una carta de amparo por el tema de que no me cubren la medicación y tratamientos. Así que hoy seguimos y estamos acá en Plaza de Mayo, visibilizando la emergencia en discapacidad, donde necesitamos que las autoridades hagan algo para tener todo al 100% cubierto”.
Mientras tanto, integrantes del Colectivo de Discapacidad dejaron en claro sus reclamos al Presidente Alberto Fernández para que agarre la lapicera y -por lo menos- tome nota:
– Que las pensiones no contributivas estén acordes a la inflación: Si bien pasaron de 16 mil a 23 mil pesos, este monto no cubre el sustento mínimo y menos aún medicamentos imprescindibles para esta población que no son cubiertos por el programa Incluir Salud. Lo que conlleva a un posterior reclamo vía recurso de amparo ya que el programa Incluir Salud no es una obra social de asistencia médica integral.
– Que se transparente la coparticipación federal de recursos en discapacidad ya que las provincias, ni las obras sociales provinciales no reconocen contar con dinero suficiente para afrontar este gasto, es por eso que se producen recortes.
– Que se adecúe el valor nomenclador de las obras sociales provinciales al nivel federal. Ya que hoy los montos de las provincias están por debajo del arancel nacional, a pesar de la coparticipación porcentual. A nivel valor nomenclador, pedimos una verdadera actualización, valor atrasado al 2019. Recordamos que en 2020 no hubo aumento y ya en 2021 los aumentos paralelos por inflación no permitieron su actualización ni su acumulación. Esta gestión de la ANDIS no mostró un análisis de costos, no hubo reunión entre partes, no fue participativo, sino que se sustentó el financiamiento a las prestaciones en base a presupuesto y no a costos. Detrás de esos supuestos costos hay seres humanos.
– Que los pagos a los prestadores sean a mes vencido. Hay obras sociales que no pagan desde marzo, que con la inflación imperante genera problemas económicos y financieros en la prestación.
Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino.
