Entre los damnificados habría algunos políticos, empresarios, sindicalistas y personas muy conocidas, especialmente en Yerba Buena, donde funcionaba una sucursal de la empresa surgida en Catamarca hace tres años.
El abogado Alfredo Aydar estimó que la empresa financiera habría manejado un capital de por lo menos U$S 60 millones.
La empresa abrió sus puertas en Yerba Buena el 9 de julio de 2021 en el local de avenida Solano Vera. Según confiaron inversionistas y empleados, los primeros contratos que se firmaron fueron de clientes que ya conocían los resultados que habían conseguido la firma en Catamarca, donde funciona la casa central.
La oferta consistía en entregar una suma de dinero -lo mínimo era de $500.000- durante seis meses en pesos o dólares a cambio de cobrar una tasa de entre el 15% y el 22% mensual. A las personas que tenían los convenios que finalizaban en enero, la firma cumplió a rajatabla con todo lo pactado. Ellos fueron los que terminaron de publicitar “el negocio” en la provincia incentivando a familiares y conocidos sobre la ventaja de invertir en la firma. La gran mayoría de ellos, al finalizar el contrato, volvieron a invertir el capital y se quedaron únicamente con los intereses.
El abogado Aydar, que representó a los tres tucumanos que complicaron procesalmente a los ejecutivos de la financiera, informó que desde el lunes pasado hasta el viernes está preparando otras 136 demandas en contra de la financiera. “Al perder las esperanzas de recuperar sus inversiones, comenzarán a reclamarlas judicialmente”, razonó.
Sin embargo, la mayoría de las inversiones no quedaban registradas, lo que dificultaría las posibilidades de accionar legalmente. “Las operaciones en negro las realizaba la gerencia. El cliente llevaba el dinero a la caja, que estaba bajo su estricto cuidado, y se les entregaba un pagaré firmado por ella o por el contador”, le dijo uno de los empleados.
Las personas que el juez federal catamarqueño Miguel Ángel Contreras ordenó detener son Edgar Adhemar Bacchiani (el CEO y mentor de Adhemar Capital), José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca y la tucumana Sofía Aylan. Según los fiscales federales de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz y Santos Reynoso, en consonancia con el querellante Aydar, los cuatro son los máximos responsables del millonario negocio. Todos seguirán detenidos hasta que declaren el lunes y, probablemente, sigan en esa condición, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Por otra parte, el jueves declararán los tucumanos María Lihue Banega, Lucas Barrera Oro y los catamarqueños Héctor Rodolfo Sagripanti Orellana y Pablo Antonio Sosa. Todos estos estarían mencionados en la causa por haber sido los asesores de venta de Adhemar Capital.
En el caso de los tucumanos Benega y Barrera Oro, aparecen en la causa porque los denunciantes aclararon que ellos habían sido los que le ofrecieron el producto y con lo que terminaron firmando los convenios. Pero en la firma realizaban la misma tarea otras dos personas. “Tranquilo no estoy porque es una situación espantosa la que estoy viviendo, pero no puedo dejar de reconocer que sentí alivio al enterarme de que la justicia se está dando cuenta que con Lihué éramos simples empleados”, señaló Barrera Oro.
“No tenemos nada para ocultar. Vamos a contar cómo llegamos a la empresa, cuál era nuestro trabajo y qué instrucciones habíamos recibido”, anticipó Barrera Oro.
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