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El fiscal Luciani pidió 12 años de cárcel para Cristina Kirchner e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

El fiscal federal federal, Diego Luciani, solicitó que la vicepresidenta de la Nación argentina, Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El funcionario judicial la acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esto fue al finalizar su alegato en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez, amigo del ex presidente Néstor Carlos Kirchner.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde, señaló Luciani. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y agregó que “nuestro único objetivo fue buscar la verdad” (…) “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena de la ex mandataria: La magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. Además la calidad de los motivos de la maniobra, “el lucro personal buscado”, y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, manifestó el fiscal.

En la audiencia de este lunes, el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. A su vez, solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, declaró Luciani.

Descriptos los hechos, Luciani pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez. Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López”.

A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de penas de entre doce y diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.

Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió dos años años de prisión por abuso de autoridad. Kirchner llegó acuso de integrar la asociación ilícita pero los fiscales señalaron que no probó su participación.

Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre seis y cuatro años años de prisión.

Según se había resuelto, el juicio iba a continuar el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. Sobre el final de la audiencia, el defensor Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, formalizó el pedido de ampliar mañana su declaración indagatoria.

Aquí el resumen de los pedidos de penas:

Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.

Lázaro Báez, empresario. 12 años.

Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años

José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.

Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.

Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.

Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.

Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.

Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.

Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.

José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.

Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.

Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.

Una vez conocido el alegato Presidencia de la Nación se expresó a través de un comunicado, que reproducimos:

El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad.

Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho.

Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno.

El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas.

Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos.

Finalmente, el presidente Alberto Fernández desea señalar que, desde lo personal, “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas” y vuelve a transmitir su más profundo afecto y solidaridad a la Vicepresidenta.

Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino.

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