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El Gobierno anunció el cierre de dos oficinas públicas, una vinculada al denunciado Emilio Pérsico

En su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional avanzará en la eliminación de otros dos organismos públicos, en línea con la política de reducción de gastos que ya desmanteló el INADI, que quedó en la órbita del Ministerio de Justicia y de la Agencia estatal Télam. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, el primero fue creado por decreto 729/2022 durante la pasada gestión de Alberto Fernández en 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que se encontraba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita que responde directamente a Emilio Pérsico, secretario general de esa organización, quien ocupaba en ese entonces el puesto de secretario de Agricultura Familiar.

El vocero presidencial señaló que “luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos”.

La iniciativa es implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la vocería de Javier Milei se manifestó contra “la fiesta que había del gasto público”, enumerando que “tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”, afirmó el portavoz ante los periodistas acreditado en Casa Rosada, y añadió que “se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”.

Esto se enmarca en la denuncia a Pérsico por fraude a la administración Pública que lleva adelante el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, luego de detectar que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como “juez y parte” a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Se lo acusa de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía, siendo secretario de Estadio en el Ministerio de Desarrollo Social de la administración kirchnerista.

Durante su paso por la gestión estuvo a cargo de la administración de millonarias partidas de fondos públicos destinados a la asistencia de organizaciones que desarrollaban su actividad en barrios y sectores precarizados de la sociedad. El Evita, fundado por él se encontraba entre los receptores de esas enormes partidas.

La denuncia de la actual gestión de La Libertad Avanza, aduce que el dirigente social aprovechó el cargo que ostentó en el gobierno del Frente de Todos “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.

La causa establece que “habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”.

Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento de la República Argentina para FM Concierto 105.5

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