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El gobierno intenta avanzar con la reforma de la Ley de Seguridad Interior

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, presentaron una serie de proyectos de ley en materia de seguridad que enviarán la semana que viene al Congreso nacional.

El primero tiene que ver con la modificación de la Ley de Seguridad Interior, con el fin de otorgarle mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en el marco de la escalada de violencia en Rosario, Santa Fe. “Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el interior”, señaló Petri.

El titular de la cartera de Defensa sostuvo que “a partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, inmediatamente las fuerzas armadas van a a realizar tareas de seguridad en el interior, como patrullajes y detención en flagrancia cuando se cometa un delito”.

Petri aseveró que “la situación en la ciudad de Rosario es crítica. Este año han ocurrido más de 30 homicidios y ha bajado la cifra anterior, lo que habla del esfuerzo coordinado”.

Asimismo, subrayó que “estamos viendo actos terroristas. El Presidente nos ha dado expresas instrucciones de actuar con total fuerza del Estado y realizar una tarea coordinada integracional que involucre a todos los poderes del Estado. Además, nos dio instrucciones para que modifiquemos la ley de Seguridad Interior”.

Previamente, en su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni, había adelantado las leyes que el Gobierno enviará al Congreso o modificará por decreto: “Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.

“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, añadió.

Los proyectos presentados, además de combatir a las bandas narcos, apuntan contra las organizaciones de piquetes y bloqueos y a modificar las normas sobre la legítima defensa y el atentado a la autoridad. También se busca avanzar con la llamada ley “antimafia”, la ley de ADN para delitos y la ley contra organizaciones criminales.

En esa línea, Bullrich anunció que enviarán de inmediato al Parlamento el proyecto de la llamada Ley Antimafia: “Hemos decidido adelantar algunos capítulos que irán al código penal y otras leyes absolutamente necesarias para la situación de inseguridad que está viviendo Argentina”.

Se trata de un proyecto, tal como dijo en reiteradas oportunidades Bullrich, basado en la Ley Rico, cuyo acrónimo significa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos.

Días atrás, en Rosario, la titular de Seguridad había anticipado que se aplicará en el país la Ley Antiterrorista (Ley 26.734, modificada en 2011, que fue sancionada para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo), que permite el endurecimiento de penas; y se trasladará al Congreso la petición de “una ley antimafia o antibanda”, al estilo de la que se creó en Italia.

Junto a estas medidas, la titular de Seguridad insistió en la necesidad de “trabajar fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos, que no está en los barrios humildes, sino en los de alta capacidad económica”.

La ministra Bullrich también anunció que se avanzará con una propuesta incluida en el proyecto de Ley Bases, que busca modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Bullrich detalló que la reforma del artículo citado se basa en el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones, bajo promesas de remuneración o amenazas, o “como hemos detectado entre las 150 mil llamadas y 12 mil denuncias con nombre y apellido que está investigando la justicia Federal, que incluyen favores sexuales para ir a las marchas o para que les den el plan”.

Además, otro proyecto que incluye sanciones penales para quienes bloqueen establecimientos, comercios o industrias, con penas de 4 a 6 años. Impedir que las empresas trabajen va a estar condenado en este proyecto.

También, la funcionaria planteó que avanzarán sobre la legítima defensa y el cumplimiento del deber, “para cambiar la idea de que los policías son los victimarios y se suman elementos para evaluar la razonabilidad del uso de la fuerza”.

La Ley Rico es una amplia base legal, cuyo acrónimo significa, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, sancionada por Richard Nixon e implementada por el entonces, fiscal, Rudolph Giuliani y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.

En la lucha contra las operaciones de la mafia en Nueva York, hubo un antes y un después de la aplicación de la Ley Rico.

Antes, el FBI, la Justicia y el fiscal perdían por goleada contra los integrantes de la Cosa Nostra americana. Sencillamente, los mafiosos estaban siempre un paso por delante de las autoridades y, si bien se detenían algunos “soldados” y, unos pocos “lugartenientes” de los capos, las operaciones seguían y los grandes mafiosos eran intocables.

Ante el descontrol de la vida diaria en “la gran manzana” en la década del ’70, atestiguada por una gran cantidad de enormes cineastas de esa época y por la crónicas de los medios neoyorquinos, los políticos de Washington D.C. recordaron que el profesor Robert Blakey continuaba enseñando leyes en la Universidad de Cornell y que había sido el propio académico el creador de la norma federal.

Se organizaron algunos cursos para los investigadores del FBI que no conocían el poder que tendrían al aplicar esta ley en sus investigaciones. Fueron dictados por el propio Blakey que en el documental “Ciudad del Miedo, Nueva York vs. la Mafia” de Netflix, rememoró, “En ese momento, el FBI no tenía éxito. Pero ya teníamos las herramientas perfectas para acabar con la mafia. La ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, conocida comúnmente como RICO, fue una ley que escribí en 1970 para desmantelar las mafias, incluyendo a los jefes. El FBI tuvo esa ley 10 años y no sabía cómo usarla. Entonces pensé en ofrecer un curso de entrenamiento”.

Para los jefes del FBI en el terreno se trato de una revelación porque, según recordó el supervisor de los federales, Jim Kosller, “…Nueva York estaba en manos de la mafia, el gobierno no podía controlar mucho y la gente no creía que la policía pudiera hacer algo con la mafia, iban a estar ahí por siempre”.

Algunas de estas declaraciones podrían extrapolarse a la actualidad rosarina y al pensamiento profundo de sus habitantes. Y, si bien, el poder de los mafiosos neoyorquinos no puede compararse ni por casualidad con los clanes que utilizan desclasados para el narcomenudeo y el sicariato, sí se viven días de tragedia por el aumento y la difusión de las armas letales entre los grupos en pugna.

Trasplantar esta ley norteamericana al ambiente normativo argentino será un desafío mayúsculo para los asesores de Patricia Bullrich pero es la propia ministra la que tiene el visto bueno del presidente Javier Milei para avanzar con una herramienta legal que puede derribar cualquier organización de narcomenudeo en cualquier provincia nacional.

Para el experto en seguridad, Jorge Luis Vidal, “la Ley Rico es una base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado. No olvides que en EE.UU. les interesa combatir más, todo el delito de activos de esas organizaciones, y no tanto las consecuencias del delito mismo, extorsión, amenazas, robos u homicidios, que esas mismas organizaciones puedan ocasionar”.

En diálogo con la agencia Noticias Argentina, Vidal agregó: “Las grandes victorias contra los sindicatos corruptos de USA y las mafias de todo tipo fueron por el lado del tesoro. En Argentina tenemos la asociación ilícita, pero no está tan atada a temas de mafia u organizaciones y redes mafiosas o crimen organizado transnacional”.

Lo que la historia reciente demuestra es que el poder de la poderosa mafia ítalo-estadounidense se desmoronó al aplicarse este corpus legal, pero, además, esta norma federal fue reglamentada en los distintos estados norteamericanos y, en algunos casos, la ley se volvió más estricta y posibilitó que se la utilizará más allá del ámbito del crimen organizado.

Con la ley RICO en la mano, los demócratas de Georgia, lograron que un gran jurado acusara a Donald Trump y, a otros 18 de sus partidarios, de conspirar para revertir los resultados de la elección presidencial en ese estado, en el que Trump perdió por poco menos de 12.000 votos contra Joe Biden. Paradójicamente, su abogado defensor es Rudolph Giuliani que también ha sido objeto de controversias judiciales y al que se lo acusa bajo la ley RICO.

Otro caso importante donde se utilizó esta plataforma legal fue la investigación contra las autoridades de la FIFA. A fines de 2017, la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, ordenó el arresto de 14 dirigentes de la FIFA de ese entonces, bajo la acusación de tejer una red de corrupción que operaba desde Estados Unidos, donde además recibían los pagos por actividades corruptas.

Acaso un punto a dilucidar será si los miembros de la política nacional estarán dispuestos a sancionar una ley que, en el corto plazo podrá ir contra los clanes del narcomenudeo en los grandes conurbanos de las ciudades argentinas pero, en el largo plazo, podría utilizarse para desenmascarar otros ilícitos que comprometerían otros intereses.

En ese contexto, este medio consultó a ambos ministros, quién controlará a las FF.AA -en caso de excesos o abusos- y a la policía en el marco de vinculaciones con el narcotráfico. Petri expresó que el control operacional estará a cargo del Comité de Crisis que como se prevé estará presidido por el ministerio de Seguridad, también por el gobernador de la provincia interviniente y además todo el proceso y todo el accionar va ser revisado por la Justicia.

Patricia Bullrich declaró que en los casos de cualquier hechos de corrupción en las fuerzas “sea la policía de Santa Fe, policías federales o el resto de policías provinciales hay mecanismos claros y concretos, de orden penal contra cualquier integrante que comenta delitos y deje de ser policías. A su vez la funcionaria agregó que “el cruzamiento de diversas fuerzas en en un determinado lugar de varias de ellas genera un control cruzado muy importante para las conductas y la integridad de las fuerzas que trabajan”.

Bullrich hizo referencia también al ejemplo de los funcionarios es fundamental, de los que trabajan a todo nivel, los jueces y los fiscales. El ejemplo de todos es lo que hace a la integridad del conjunto del sistema, no es echarle la culpa a los policías, también hay políticos, jueces, fiscales, y la integridad tiene que ser de todos”, cerró.

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