“Recuerden que los jueces son solo jueces: no son Dios”, le dijo en 2012 la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner a sus subalternos. “Solo tienen que tenerle miedo a Dios, y a mí un poquito”. En aquel momento, un juez que le disgustaba había sido acusado de beneficiar a empresas amigas con millonarios contratos públicos para la limpieza del Riachuelo. La entonces presidenta se regocijó con su caída.
Diez años después, el tablero se dio vuelta. El 22 de agosto, un fiscal federal pidió que Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta, vaya a la cárcel 12 años y quede inhabilitada para ejercer cargos públicos. Está acusada de abuso de autoridad para direccionar contratos de obras públicas a un amigo durante su presidencia, una trama delictiva que, según se sospecha, empezó durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner. Los fiscales alegan que el perjuicio para el Estado argentino asciende a US$1000 millones. Para el fiscal Diego Luciani, “se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción de que se haya conocido en el país”.
El amigo detrás de la maniobra y en el centro del juicio es Lázaro Báez, un empleado bancario de la provincia de Santa Cruz, donde empezaron su carrera política los Kirchner. Báez se fue convirtiendo en un magnate de la construcción durante los sucesivos gobiernos kirchneristas. Entre 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, y 2015, cuando Cristina Kirchner terminó su segundo mandato, las empresas de Báez ganaron 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, casi el 80% de todos los contratos de obras viales en esa provincia durante ese período. Solo 27 fueron terminadas y otras 24 fueron abandonadas. Además de Cristina Kirchner y Báez, hay otros 11 procesados.
Cristina Kirchner rechaza todas las esas acusaciones, pero no es la primera vez que la investigan. Además de la Causa Vialidad, su nombre apareció en 11 causas de supuesta corrupción, soborno o lavado de dinero, cuatro de las cuales siguen abiertas, pero esta es la primera que llega a la instancia de juicio.
El juicio enfureció a la expresidenta, que poco después recusó al fiscal Luciani y a dos de los jueces del tribunal para lograr su apartamiento, aunque sin éxito. Un día después del alegato de Luciani, Cristina Kirchner hizo un descargo de una hora y media por las redes sociales, donde acusó a la Justicia y a los grandes medios de comunicación del país de actuar como “un pelotón de fusilamiento”. “No vienen por mí -dijo Kirchner-. Vienen por los salarios y los derechos de los trabajadores”.
La sentencia seguramente se conocerá en los próximos meses. De ser condenada, probablemente apele el fallo, en segunda instancia y luego ante la Corte Suprema, lo que podría demorar varios años la resolución del caso. Mientras tanto, tendrá libertad de competir en las elecciones del año próximo, donde tal vez aspire a ocupar una banca en el Senado y gozar de fueron parlamentarios. Por ahora está libre, pero Cristina Kirchner podría terminar teniéndole miedo a alguien más que a Dios.
Traducido por Jaime Arrambide
The Economist
