La portavoz Gabriela Cerruti se refirió en su conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada, a una información que se filtró en la prensa, referida a la compra de un nuevo avión presidencial (un Boeing 757-200) que adquiriría el Estado argentino en la friolera de 22 millones de dólares. La funcionaria no brindó detalles pero expresó: «No sé lo qué circula, la información oficial está en la licitación y cuando haya alguna información se las vamos a hacer saber».
En ese contexto, señaló que el Presidente no viaja en vuelos comerciales porque «viaja con toda una comitiva» y «debe cumplir con los protocolos de seguridad de Argentina y los distintos países», aseverando que «el Presidente no puede llegar con su valijita y su computadora».
La declaraciones generaron polémica porque hay muchos mandatarios de naciones del denominado primer mundo, que se trasladan en vuelos de línea y con verdaderas comitivas reducidas, de no más de diez personas (caso Justin Trudeau de la potente Canadá, o en sus mandatos, la alemana Angela Merkel y el uruguayo José Mujica), y no con cincuenta personas, como las que suele llevar Alberto Fernández a su, casi permanente, actividad en el exterior, que debido a los graves problemas financieros que atraviesa el país, podrían en su mayoría realizarse de manera virtual, o en caso de no poder faltar, ejecutar con delegaciones poco numerosas que permitan ahorrar los enormes gastos en billetes extranjeros que se hace en hoteles de cinco estrellas y el resto de los viáticos que determinan cifras escalofriantes para una nación con tantas carencias en su población.
En la última gira, el jefe de Estado estuvo fuera de la Argentina diez días y se trasladó por París (Francia), Bali (Indonesia), para estar en el G20, y Madrid (España), con unas treinta personas, entre funcionarios, asistentes, colaboradores, custodia, gente de ceremonial, equipo de prensa y unos 20 periodistas. Para ello se alquiló un chárter de Aerolíneas Argentinas por casi un millón de dólares.
Estamos hablando de un país que tiene, según datos oficiales, 17,3 millones de pobres y 4,2 millones de indigentes. El dato más doloroso, y que produce muchísima indignación en la sociedad, es que mientras la clase política, -que cobra varias veces un salario mínimo o una jubilación- la pobreza infantil ascendió en septiembre de este año 2022 al 50,9%. Se trata de, nada más y nada menos, que 5,5 millones de menores de 14 años que pasan hambre.
Así y todo, la corporación política argentina en general, no importa al partido al que pertenezca, abusa de los privilegios que otorga el Poder, especialmente en las administraciones que están a cargo de distritos importantes -que tienen brechas escalofriantes entre ricos y pobres- y mucho más cuando le toca estar a cargo de la gestión nacional. La premisa pareciera ser no escatimar en gastos en dólares, que en su defecto deben ser solventados por un Banco Central que tiene sus reservas en rojo hace mucho tiempo, y que además mantiene un duro cepo limitante para todo aquel ciudadano común que quiera adquirir la moneda estadounidense, así como también una serie de impuestos dirigidos a quienes pretendan salir del país.
Casi la mitad de los argentinos no puede acceder a un trabajo genuino y tener un salario digno. Inclusive con el imparable proceso inflacionario, que este año ronda el 100%, trabajadores formales o monotributistas ni alcanzan una canasta básica de alimentos. El resto queda a merced del clientelismo político de los planes sociales que otorga el fisco a través de punteros que ocupan cargos de secretarios de Estado que atienden de los dos lados del mostrador. Hablamos de aproximadamente 1.400.000 habitantes, que ante ese cuadro, como el resto, quizás puede llevar un plato de comida a la mesa haciendo changas o mendigando. Vale decir que en zonas rurales y distantes de centros urbanos de la mayoría de los distritos argentinos hay grados de desnutrición que sorprenden en un país que produce alimentos. Los pueblos originarios son sometidos en regímenes feudales a la discriminación, y en el siglo XXl no tienen agua potable, alimentos saludables, cloacas, asistencia sanitaria y mucho menos educación. Por eso miles de niños/as mueren de enfermedades absolutamente evitables.
El peronismo siempre pregonó la justicia social, sin embargo, en más de una oportunidad, tal el caso del Gobierno de Carlos Saúl Menem, predica la defensa de los más vulnerables desde la riqueza de dirigentes que fomentan un sistema de corrupción institucionalizado, donde pareciera que es lícito que un presidente, gobernador (Argentina tiene 24), y otros políticos con funciones ejecutivas, se muevan con naturalidad -y sin necesidad alguna- en helicópteros, autos de alta gama con chofer, rodeados de incontables asesores, secretarias/os, prenseros, etc.
Parece que está tomada la decisión de desprenderse (como parte de pago por u$s 3 millones) de un símbolo de la década del ’90, como es el Tango 01. Aeronave que en su momento fue una de las integrantes de las flotas presidenciales más lujosas de la región y del mundo, en la cual, hasta en más de una oportunidad, mandatarios de países limítrofes pidieron asiento para poder llegar a cumbres internacionales importantes, por no contar con los recursos, o en la mayoría de los casos, para evitarlos por cuestiones éticas.
El otro factor que promueve la polémica, es que a Alberto Fernández y su núcleo de leales (no más de diez funcionarios) les queda sólo un año de mandato, en el contexto de un gobierno que claramente -igual que el de Mauricio Macri- ha fracasado ¿Qué otras giras internacionales puede llevar adelante?. ¿Con qué justificativos y criterios?, si hasta ahora ninguna de las recurrentes y costosas travesías ha traído soluciones concretas al flagelos de la miseria que acucia a la mayoría de los pobladores que habitan el suelo argentino.
Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino para FM Concierto 105.5
