En 2020 los acusados fueron aprehendidos en el límite con Santiago del Estero, trasladando un cargamento de 119 kilos de marihuana.
La pena sugerida por los letrados Javier Lobo Aragón, Aníbal Paz (defienden a Busto) y Patricio Char (representa a Costilla) fue de ocho años de cumplimiento efectivo, pero en modalidad domiciliaria. El acuerdo ya tendría el aval de la fiscalía que encabeza Indiana Garzón en Santiago del Estero (lugar donde detuvieron a los imputados), porque la pena propuesta sería admisible dentro de lo que impone la ley, pero aún falta que un juez estudie el requerimiento de las partes y decida si da lugar o no a esta salida alternativa.
Si el magistrado decide descartar el acuerdo, pueden suceder dos cosas: que se avance con otro acuerdo; o que el proceso avance hasta derivar en un juicio oral donde se podrían revelar más detalles sobre el origen y el destino que tenía el cargamento que trasladaban.
El 26 de octubre de 2020, según las actuaciones de la policía, Costilla, quien circulaba en auto Chevrolet Onix con Busto, se entregó a los efectivos que realizaban un control de rutina en el paraje santiagueño Isca Yacu (sobre ruta 130).
Los uniformados requisaron el vehículo en el que se movilizaba la pareja y encontraron una gran cantidad de paquetes que contenían marihuana y que en total pesaban aproximadamente 119 kilos. En la etapa de instrucción, los arrestados se acusaron entre ellos de ser los dueños de la carga.
Busto era empleado del Siprosa y durante la pandemia se desempeñó en los controles sanitarios de los límites provinciales, por eso se creyó que podría haber tenido facilidades para entrar y salir de Tucumán cuando las restricciones de circulación eran estrictas. Tras su detención, el ministerio de Salud apartó al acusado de su cargo.
Costilla, por su parte, trabajaba como secretaria de un sanatorio céntrico. La pesquisa vinculó a los imputados con el gremio de ATSA, eso despertó más dudas cuando se conoció que el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, estaba investigando a por lo menos cuatro afiliados de ese gremio en otra causa narco.
Según su teoría existiría una asociación ilícita que habría usado ambulancias para el trasladar drogas y que podría haber utilizado el Departamento Operativo Móvil del Siprosa para acopiar las sustancias. Hasta el momento no se conocen más novedades sobre esa causa.
En octubre de 2021, luego de haber permanecido un año detenidos en Santiago del Estero, la Justicia autorizó que Busto y Costilla recibieron el beneficio del arresto domiciliario mientras la causa seguía su curso.
Al ex empleado del Siprosa se le otorgó por su condición sexual, y a Costilla porque acreditó que tenía que atender a su madre enferma. De esa manera, el pedido de juicio abreviado que solicitaron los defensores implicaría una condena bajo la misma modalidad de cumplimiento.
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