Política

Alfaro le pide a la Corte Suprema que suspenda otra vez las elecciones

El candidato a vicegobernador Germán Alfaro (Juntos por el Cambio) volvió a acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para requerir la suspensión de las elecciones en Tucumán: tras la postergación de los comicios que estaban previstos para el 14 de mayo, objetó ante los supremos la fecha a la que el gobernador Juan Manzur convocó nuevamente a las urnas, el 11 de junio, al considerar que viola la Constitución provincial.

Tal como hiciera ayer CREO, Alfaro se presentó ante la Corte Suprema planteando que el artículo 100 de la Constitución de Tucumán reza que “la elección del Gobernador y Vicegobernador se realizará dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio”, por lo que -sostiene- “la elección nunca puede suceder antes del 29 de agosto”.

Alfaro recordó que Manzur presidió la Convención Constituyente que reformó la carta magna provincial y subrayó que el decreto con el que llamó a elecciones el 11 de junio es “un acto de arbitrariedad extrema, abiertamente contrario a la Constitución de Tucumán”, que constituye la “maniobra anti-republicana” que fue “urdida desde la gobernación y que describimos en detalle en nuestra demanda” con la que logró que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda suspendan los comicios del 14 de mayo.

Al tratarse de una medida cautelar, la Corte Suprema podría expedirse nuevamente hasta cuatro días antes de  los comicios y volver a suspender las elecciones en Tucumán al límite de la fecha prevista.

Alfaro cuenta con el patrocinio letrado de José Roberto Toledo, quien se desempeña como director de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en representación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Toledo, al igual que todos los directores por la UNT desde 2006 a la fecha, por qué no han denunciado el desfalco de YMAD a la Casa de Altos Estudios por el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier y la reducción de utilidades mineras del 40% al 20% tras la falsificación de la construcción del campus universitario.

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