«Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un «período de tiempo razonable después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre», indicaron los abogados de Burford ante el juzgado de Loretta Preska. Esta magistrada decidió que el Estado argentino debe pagar casi US$ 16.099 millones por la expropiación de YPF.
El Estado argentino, cuando tomó el control de la compañía en 2012, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa. Pero no lo hizo. Dos sociedades de Petersen (familia Eskenazi), que fueron despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por esta situación al fondo Burford. Argentina debió lanzar una oferta pública de acciones de acuerdo al estatuto de la empresa.
Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos. Esto remite a un caso previo, cuando la Fragata Libertad llegó a estar embargada. Fue cuando los fondos de inversión ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores que no habían entrado en el canje de deuda soberana. El caso se denominó «holdouts».
Las leyes estadounidenses establecen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución. Eso es tras un período de tiempo «razonable» desde la emisión del fallo.
Los abogados de Burford solicitan que ese plazo sea de un mes desde la emisión del fallo. Eso sería el 15 de octubre. «El estatuto no proporciona orientación adicional sobre el procedimiento o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye ’un período de tiempo razonable», según explican los abogados de Burford.
«La práctica pasada y actual de Argentina de eludir fallos emitidos tanto en Estados Unidos como en jurisdicciones extranjeras, así como las recientes declaraciones públicas de sus más altos funcionarios, demuestran que no tiene intención de cumplir el fallo. Los demandantes han tenido que esperar más de una década para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecución sería innecesaria e irrazonable», esgrimen los litigantes.
Argentina ya avisó que apelará la sentencia de la jueza Preska. El país podría ganar más tiempo en esa decisión. Pero también hay un riesgo. El fallo ya emitido responsabiliza al Estado nacional, pero exoneró a YPF de tener que cumplir esa sentencia. Mientras Argentina apela el fallo, Burford podría pedir que la jueza vuelva a incluir a YPF como responsable.
La justicia estadounidense suele otorgar un tiempo a los países extranjeros para pagar voluntariamente el resultado de los juicios. Pero, por ejemplo, cuando el Banco Nación de Argentina eludió el pago de un fallo que favorecía al fondo Elliot, el tribunal de Nueva York consideró que 10 días era un período razonable.
«Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que Argentina sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta, de acuerdo con la sección 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensión de 30 días prevista en la Regla 62(a) es un «período de tiempo razonable» y que la ejecución pueda comenzar después de eso», según Burford. /Clarín
