Esta nueva sección se encargará de llevar a cabo la evaluación de la situación de empleados policiales que tengan faltas en su legajo por acciones ilícitas y someterá cada caso particular a análisis para considerar posibles cambios necesarios en su situación administrativa.
Como parte de la reforma integral, las competencias de Asuntos Internos del Ministerio incluirán el planeamiento, ejecución y control de gestión de las medidas que podrán ser aplicadas contra personal policial en actividad o retirado y a cualquier agente o empleado de los organismos dependientes de la cartera de manera independiente a la ya existente Dirección de Asuntos Internos de la Policía.
En ese marco, actuará como auxiliar de la administración de justicia cuando se incrimine al personal y en la investigación pertinente. Además, será órgano de acusación ante el tribunal de ética y disciplina de las conductas que puedan constituir faltas éticas, abusos funcionales graves, actos de corrupción y toda violación a los derechos humanos.
Este cambio responde a la propuesta del ministerio a cargo de Claudio Adolfo Maley, de un nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública de la Provincia de Tucumán. El proyecto, que se aplicaría después de ser evaluado por la Honorable Legislatura de Tucumán, apunta a modificar la actual Ley Orgánica de la Policía de Tucumán en su composición, misión y función con una visión de respeto y garantía de los derechos humanos de la vida en democracia.
“En primer lugar, la ‘Ley Orgánica de la Policía de Tucumán’ dejará de llamarse así para pasar a ser el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Provincia de Tucumán (SISP). Esto implicará profundas modificaciones en su composición, organización y funcionamiento, y en las bases jurídicas e institucionales de las políticas y estrategias para la seguridad pública”, explicó el Subsecretario de Seguridad José Ardiles, quien destacó que se trata de adecuar la fuerza a los tiempos democráticos actuales trabajando en constante coordinación con otros actores del estado.
Puntos sobresalientes del proyecto de reforma de la Ley N°3.656Esta reforma que tiene como objetivo modernizar las fuerzas, lograr un mayor acercamiento de la comunidad y una transparencia institucional. Cuenta con modificaciones radicales, entre ellas las siguientes:– Primero dejará de llamarse Ley Orgánica de la Policía de Tucumán para denominarse Sistema Integral de Seguridad Publica (S.I.S.P). Se integrará en la misma tanto a la Policía, como al Servicio Penitenciario; existirá aparte del Jefe y Subjefe de Policía, un coordinador de ejecución de políticas públicas diseñadas sobre el terreno de acción, que será el Superintendente de Gestión en Seguridad Pública y, bajo su órbita, tres órganos fundamentales que reemplazarán los Departamentos Policiales (D-1 a D-5): El Comando Unificado de Prevención y Operaciones Especiales, el cual tiene como misión coordinar y planificar políticas públicas policiales de seguridad preventiva con las comunidades, municipios, comunas y diversas entidades no gubernamentales y su articulación con la Seguridad Vial de la Provincia; estando en permanente relación, promoviendo programas y proyectos de seguridad pública y prevención. El Comando Unificado de Administración, Recursos Humanos y Logísticos, que tendrá las funciones de asesoramiento técnico financiero para la preparación de apreciaciones, proposiciones, planes e informes, la ejecución de la contabilidad financiera, incluyendo la parte fiscal, tendrá responsabilidad sobre todos los asuntos relacionados con los Recursos Humanos; y el Comando Unificado de Policía Judicial, que será un órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal Pupilar y de la Defensa y del Poder Judicial de Tucumán; órgano de carácter profesional técnico-científico.– Se disolverán las Unidades Regionales como actualmente se las conoce y se las reestructurará por Direcciones Departamentales Norte, Sur y Metropolitana, a tales efectos se tuvo en cuenta la composición geográfica- territorial, población e índice delictivo y la coordinación con municipios y
comunas.– En cuanto a la profesionalización de la fuerza policial y penitenciaria, señala que ningún Oficial Jefe y Superior podrá ascender si no obtiene títulos terciarios o universitarios o de posgrado para los Superiores y una capacitación adecuada en derechos Humanos, uso racional de la fuerza pública y violencia de género.
