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La mitad de los presos que colman las cárceles tucumanas están detenidos por casos de violencia de género

Paola Tacacho, una docente de inglés, fue asesinada por un acosador persistente en el corazón del Barrio Norte en octubre de 2020. Sus solicitudes de ayuda a la policía y al sistema de justicia fueron en vano durante años, y las medidas de restricción, detención e incluso mediación fracasaron. Su femicidio provocó una conmoción en los tres poderes del Estado, señalados por no haber prevenido su trágico final. La actuación del juez Francisco Pisa en el caso derivó en su destitución tras un juicio político.

Este suceso dio lugar a un incremento en la vigilancia de los funcionarios judiciales en casos similares. Un comisario lo ha denominado el “efecto Tacacho”, aludiendo a la intensidad con la que el Poder Judicial actúa ahora contra los acusados de violencia de género. Esta nueva realidad provoca discusiones entre los actores judiciales y agudiza la crisis penitenciaria en la provincia.

El número exacto de detenidos en la provincia por violencia de género no ha sido divulgado oficialmente. Sin embargo, se estima que podría representar hasta el 50% de los aproximadamente 1.800 presos en las comisarías, diseñadas para albergar a menos de 500. Esta situación ha obligado a las autoridades a buscar soluciones alternativas para su alojamiento. Incluso con la creación de nuevos espacios de detención, la capacidad sigue siendo insuficiente.

Los planes de prevención del delito también se ven afectados. Casi el 80% de las alrededor de 800 asignaciones de la policía son para proteger a las víctimas, y el 90% de las más de 2.000 patrullas móviles. Este esfuerzo requiere a diario más de 4.000 agentes, más de un tercio de la fuerza total.

El abogado Patricio Char argumenta que la “sincronización” es lo que falta en la política criminal de la provincia. Los tres poderes del Estado deben tener políticas alineadas para evitar problemas y proporcionar soluciones. Aunque ve positivo adoptar una postura de tolerancia cero contra los agresores, también advierte que el aumento de las detenciones puede saturar el sistema penitenciario, impidiendo su propósito principal: la reinserción social.

Las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la provincia reflejan la seriedad del problema. En la primera mitad del año, los delitos contra la propiedad y la violencia de género fueron las principales razones para las detenciones preventivas. Javier Lobo Aragón, abogado, argumenta que se debe debatir de manera urgente sobre el exceso en la aplicación de estas medidas cautelares.

Las sentencias también revelan el “efecto Tacacho”. De las 1.311 sentencias emitidas hasta finales de junio, 670 resultaron en encarcelamiento. El penalista Ernesto Baaclini sostiene que los acusados aceptan a menudo los juicios abreviados para resolver sus casos y recuperar su libertad.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que su línea de acción no cambiará, subrayando su compromiso con la protección de las víctimas. No obstante, admiten que muchas personas buscan respuestas más rápidas en sus oficinas que en un juzgado de Familia.
Aunque la mayoría de los delitos relacionados con la violencia de género tienen penas menores a tres años, las condenas de cumplimiento efectivo son elevadas debido a la reincidencia. Los índices de reincidencia son mantenidos en secreto por el Poder Judicial, pero se estima que al menos cinco de cada diez condenados por estos delitos reinciden.

 

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