Sigue vigente, no obstante, la orden de captura que pesa sobre la tercera imputada: Lucía González, una arquitecta de 42 años que habría reproducido el rumor en grupos privados de WhatsApp. La orden de detención contra ella la dictó el 26 de enero pasado el juez Pablo Pullen Llermanos, el mismo que mantuvo presos a Nahuel Morandini y Roque Villegas. Este lunes, las liberaciones las dispuso el juez Salvador Ortiz.
En cuanto a González, el fiscal del caso, Walter Rondón, se opuso este lunes a que se levantara la orden de captura dictada contra ella. Fue en una audiencia que se realizó a las 18, a pedido de la defensa. Rondón adelantó que, pese a lo que él opinó en la audiencia y sin perjuicio de que ella “decidió profugarse en el Uruguay”, él pedirá que se suspenda la orden de arresto. “Hoy hice un escrito para que se suspenda la orden de captura hasta que González comparezca. Voy a pedir la suspensión de la orden de captura por 72 horas”, relató. Según el fiscal, si ella se presentara, él no solicitaría su arresto. “Si viene, no voy a pedir la detención. Solo normas conducta que deberá cumplir durante el proceso. Yo lo que quiero es que la causa avance y no se puede juzgar a nadie en ausencia”, dijo el fiscal.
La defensa de González sostiene que ella se encuentra en la insólita situación de enfrentar una causa penal, con una orden de detención que sigue vigente, pese a que con sus dichos “nunca salió del ámbito reservado, privado, de WhatsApp”.
La orden de hacer cesar “de inmediato” las prisiones preventivas de Morandini y Villegas fue dispuesta en una audiencia esta mañana, pasadas las 10, a pedido del fiscal Rondón. Fue un movimiento sorprendente. Esa audiencia no estaba prevista la semana pasada. Fue convocada ayer, domingo, porque la solicitó el fiscal. “Me llegó la notificación a las 23 de ayer [por el domingo]”, dijo Marcos Aldazabal, abogado de Morandini.
La causa contra Morandini y Villegas, que seguirá adelante, se inició por una denuncia de Tulia Snopek el 4 de enero pasado. Un día más tarde, fueron detenidos los dos hombres. Ellos y González están acusados de delitos que, sumados como pretende el fiscal, los podrían dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (la hija de Snopek y Morales, de dos años).
“Desobediencia”
El abogado de Tulia Snopek, José Roberto Ivanovich, hizo además una presentación formal en la causa en la que denunció por “desobediencia judicial” a la mujer de Morandini, Lucía Castro Olivera, a quien acusa de haber “brindado información precisa de la causa” al diario La Nación, pese a que las partes habían sido informadas -dice el abogado de la esposa de Morales- del “estricto secreto de las actuaciones”. Cuestionó, puntualmente, que este medio hubiera informado sobre las conclusiones del estudio psicológico a Snopek con el que se fundaron las “lesiones psicológicas” imputadas a los acusados.
El 5 de enero pasado, cuando el fiscal justificó en una audiencia la necesidad de mantener detenidos a Morandini y Villegas, dijo que había que tener en cuenta “la pena que podría llegar a aplicárseles”, que es alta. Alegó que “algunos abogados”, basados en fallos de la Corte Suprema, dicen que la expectativa de pena no es motivo suficiente para la prisión preventiva, pero que eso es “anacrónico”. También sostuvo que, de quedar en libertad, podrían seguir posteando en redes e incluso “intimidar” a posibles testigos. Además, en el marco de la necesidad de las detenciones, manifestó que había que tener en cuenta los graves daños a Snopek y a su hija, y dijo: “La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar, será una querella, pero el daño es irreparable”.
En el proceso penal, la regla es la libertad. La prisión preventiva sólo debe disponerse -según la Corte Suprema y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos- cuando existe riesgo procesal; esto es: peligro de fuga o de que, de permanecer en libertad, el acusado pueda entorpecer la investigación.
El viernes pasado, juristas y especialistas en derecho constitucional de diferentes líneas de pensamiento coincidieron en manifestar su preocupación por este caso. Cuestionaron que dos personas estuvieran acusadas de graves delitos penales por lo que postearon en redes sociales y criticaron, sobre todo, que llevaran más de un mes y medio presos.
Morandini fue arrestado porque publicó un tuit en el que sostuvo que parece que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador” y Roque Villegas, porque reposteó en su cuenta de Facebook mensajes sobre la supuesta infidelidad de Snopek. Después, en Jujuy se viralizaron rumores que daban por cierta esa relación prohibida o que ponían en duda, muchos en tono jocoso, la paternidad de Morales (tiene una hija de dos años con Snopek).
Según la fiscalía, los dos acusados son responsables de esa viralización, la planearon y fueron conscientes del mal que generarían, lo mismo que González.
La arquitecta insistió en que ella no hizo publicaciones en redes sociales sobre este tema. “Solo uso Instagram y no publiqué nada”, relató. “Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente, es un chisme que escuché en la verdulería. No hice absolutamente nada más”, afirmó. Según dijo el fiscal, ella sería responsable de una maniobra premeditada con otras personas para viralizar los rumores y dañar a la familia Snopek-Morales. Rondón respondió que por el momento no podía dar más precisiones sobre cómo fundaba su acusación contra González, pero afirmó que del análisis de los teléfonos surgen pruebas de que participó del “plan de viralización”. /La Nación
